Debe llamar la atención el informe de Confecámaras, en colaboración con el BID, en donde anuncia que solamente tres de cada diez empresas sobreviven después del quinto año de su creación.

Esta cifra es dramática, pues nos indica que la capacidad empresarial de los colombianos es en extremo deficiente; pero también nos puede señalar que algo raro está pasando, más allá de una simple percepción.

Desde hace varios años se viene hablando del impacto que ha tenido la ley que implementó las Sociedades Anónimas Simplificadas, llamadas SAS, cuya constitución, modificación o extinción se puede hacer sin que tenga el control de legalidad de una entidad de fe pública, lo que se ha utilizado como instrumento para delinquir, al estar alejadas de cualquier vigilancia, que indique una posible violación a la ley.

En una oportunidad, el director de la Dian afirmó que, por el efecto de las SAS, existía una evasión de impuestos superior a los tres billones de pesos, y a su vez el Fiscal General de la Nación de la época, decía que la mayoría de delitos clasificados como de lavado de activos, estaban amparados en la figura de las SAS.

Esta modalidad societaria fue introducida inicialmente como una posibilidad para que los pequeños empresarios pudieran disminuir trámites, lo cual tenía un efecto social que podía apreciarse.

Pero de inmediato todas las sociedades, de cualquier tamaño, incluidos los grandes grupos económicos, se transformaron en SAS, lo que hizo que la figura se convirtiera en la universalidad, y que en medio de ese desorden todo el oportunista de turno aprovechara para alejarse de la ley y para cometer toda clase de delitos, como evadir impuestos, legalizar bienes mal habidos y defraudar a personas naturales y jurídicas.

Hoy lo que vemos es que muchas sociedades, una vez creadas, son rápidamente transformadas y fugazmente liquidadas, mientras que en el breve intermedio se ha aprovechado para cometer toda clase de defraudaciones y situaciones irregulares.

En este caso, sí que podríamos decir que resultó peor el remedio de la enfermedad, lo que hace hacer un llamado de urgencia, para que se puedan aplicar los correctivos necesarios para aplicar las rectificaciones del caso e impedir de esta manera que se siga delinquiendo por las goteras de una ley, en nada conveniente para el escenario de Colombia.

No podemos pasar por alto que, en este país, el delito es la característica general, contrario a lo que sucede en países más evolucionados, como los del área escandinava, en donde la formación ética hace que las personas sean rectas en el ejercicio de los derechos que les otorgan las leyes.

Por Dios, no es necesario esperar más evidencias.