Hay que repetirlo cada vez que se aborden estos asuntos. Las reformas sociales en materia de salud, educación, régimen laboral y pensional etc., son necesarias pero deben acometerse con responsabilidad y cautela. Los cambios no pueden basarse en preconceptos blindados ni su defensa puede partir de planteamientos demagógicos confrontativos y apartados de la verdad, como los que esgrime el Presidente de manera habitual.
En la conmoción que vive el país por cuenta de los delirios del mandatario hay un ausente que podría ayudar a reencausar las cosas. Me refiero a esa izquierda sensata y democrática que ahora brilla por su mutismo, pero debería estar preocupada ante los desvaríos recurrentes del mandatario. La conducta del sector mencionado es importante porque las paranoias de Gustavo Petro solo le permiten escuchar a quienes abreven de sus mismas fuentes ideológicas.
Pocos activistas de aquella izquierda racional han caído en cuenta de que tienen la obligación de levantar sus voces para exigir la transformación del verbo pugnaz y contraevidente del alucinado, la eliminación del discurso esquizofrénico con visos de bipolaridad que de día muestra dientes de ira a los partidos divergentes, a los empresarios, a los propietarios, a los ciudadanos de ciertas clases, a los congresistas independientes, mientras por la noche tuitea reclamando lealtad generalizada, paz imperecedera, grandes acuerdos de alcance nacional.
Y es que si las cosas siguen como van a los electores no les quedará otra opción que entregar sus votos a la derecha radical. Supongo que la senadora Cabal y similares aguardan serenos; duermen tranquilos. Tienen como jefe de debate anticipado al mejor posible, nadie más ni nadie menos que a un Presidente de la República en ejercicio.
Pero si los habilitados para hablarle al presidente callan, otros compinches presidenciales del exterior van más allá y exudando alcahuetería lo declaran víctima. Tal es lo que hacen organizaciones de la izquierda internacional como el Grupo de Puebla y su apéndice el Consejo de Justicia y Democracia (Clajud). Los de Puebla dirigidos por personajes como Rafael Correa y Rodríguez Zapatero, declararon sobre el proceso de Nicolás Petro: “Se están produciendo graves irregularidades mediante la instrumentación del caso con la finalidad específica de dañar al presidente…”. Incluso el Clajud llega a expresar que se trata de “una actuación sin fundamento jurídico por parte del Fiscal Barbosa, que se sustenta en fines políticos orientados a dificultar la acción del Gobierno de Colombia y dañar la reputación del presidente Gustavo Petro a nivel internacional”.
Las afirmaciones transcritas denotan ignorancia sobre la manera como opera nuestro sistema penal, el cual se distingue por su carácter garantista para el acusado. Además desconocen que el procedimiento surgió de las declaraciones provenientes del círculo íntimo del delfín no de grabaciones, acoso o cargos fabricados por los organismos del Estado.
Para peor dolor de sus admiradores extranjeros Petro podría ser responsabilizado no solo por la plata contaminada que habría entrado a la campaña sino también, por el dinero recibido y usado pero que nunca registró su contabilidad. Y es que según algunos analistas los costos de su elección debieron ser muy superiores a los que ha declarado.