Los tres contratistas de Hidroituango acaban de ganarle a EPM un pleito, por vía laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Medellín, de 70 mil millones de pesos, un litigio en el que intervino un apuñado de abogados que debieron, además, reclamar millonaria prima de éxito; los honorarios de los abogados de la toma hostil por parte del Grupo Gilinski de Nutresa que terminó cambiando la manera de operar, el Grupo Empresarial antioqueño, alcanzaron valores inimaginables.

Son cinco las firmas de abogados, a excepción de Brigard Urrutia, todas asociadas con bufetes internacionales, que facturan en honorarios por más de $ 100 mil millones anuales; la firma bogotana es la campeona, con una cifra récord de $ 166 mil millones. Esto dentro del derecho civil, pero ni que decir de los penalistas, en cuyas manos está la libertad de las personas, procesados por la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia, lo que cobran en honorarios que negocian al calor de la zozobra de las acusaciones y el temor de tener que rendir declaraciones ante funcionarios judiciales o togados. Y están los administrativistas a cuyas oficinas llegan los investigados por la Procuraduría o la Contraloría con juicios fiscales encima. Lejos de ser juristas, ahora hablan de negocios. Las pólizas de seguro de responsabilidad civil son costosas y cada día más demandadas.

Este mundo de denuncias, demandas, señalamientos y calumnias muestra el nivel de desconfianza y pugilato permanente en el que se ha convertido la vida cotidiana. Lo paradójico es que, mientras se multiplican los profesionales llamados a velar por el cumplimiento de las normas y la salvaguarda de los derechos, mayor es el desorden y el conflicto reinante en la sociedad, más turbia y truculenta se ha vuelto la sociedad.

La judicialización de la vida civil y estatal parecería un proceso irreversible. Las licitaciones públicas organizadas y luego demandadas por abogados. La razón es sencilla, en muchos casos el negocio no es el contrato que se gana, sino la demanda al Estado que luego se instaura.

La Constitución del 91, construida alrededor del respeto a una multiplicidad de derechos, se convirtió, aunque suene contradictorio, en un coto de caza de demandas y pleitos, de otro grupo de aventajados abogados. A la justa lucha por el reconocimiento de los derechos de grupos ciudadanos que permanecieron silenciados e invisibilizados pro décadas, le salió la pata torcida del establecimiento de verdaderos peajes, organizados por celosos abogados, supuestos guardianes de los derechos, que si algo saben es facturar.

Definitivamente, la judicialización de la vida en Colombia, donde todo terminó siendo un delito, absolutizó los derechos individuales y le abrió el camino al reinado de jueces y abogados. Un escenario antidemocrático y áspero en el cual se disolvió la defensa del interés general, y en el cual se mueven con desparpajo grupos o camarillas que, para rematar, capturan endogámicamente las instancias del poder de la justicia.

Como para rematar este recuento, tenemos que en Colombia el ciudadano, aunque sea abogado, no tiene el derecho de defenderse a sí mismo ante las autoridades judiciales y administrativas, pues las normas, elaboradas por abogados, lo obligan a otorgarle un poder para que lo represente, a otro abogado… sin comentarios.