Me lo dijo hace unos años la cronista mexicana Alma Guillermoprieto, un par de horas antes de dar una conferencia en la Biblioteca Departamental de Cali.

“Creo que todavía al periodismo le falta abismos por explorar. No es buena la situación. Lo que no logran todavía descifrar es cómo ganar suficiente dinero para pagarle a los reporteros en este nuevo mundo de Internet. No hay un modelo. Y creo que una de las razones por las cuales los asesinatos en México han sido tan infames, los asesinatos de reporteros, es porque a los pobres no se les respeta, y los reporteros son unos pobres más. Y eso es parte de la derrota en general del periodismo”.

La sentencia de la maestra Alma la recordé hace unos días, cuando leí un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. En la última década, dice el estudio, 17 periodistas han sido asesinados en Colombia y en solamente un caso se logró la condena contra el victimario. Como si los reporteros no importaran.

“Las dificultades del Estado para investigar los asesinatos de periodistas han elevado los niveles de impunidad. Este fenómeno no solo pone en riesgo la seguridad y protección de la prensa, sino que evidencia una falta de compromiso de los gobiernos e instituciones para salvaguardar la libertad de expresión. Silenciar a un periodista no solo atenta contra la libertad de prensa; también socava la democracia, limita la participación de las voces críticas y desestabiliza el tejido social comunitario”, dice la Flip.

Las cifras son escabrosas. En 45 años, 1977 y 2024, 167 periodistas han sido asesinados en Colombia. Para no olvidarlos, sus nombres se escribieron sobre lienzos que fueron expuestos en la fachada del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, a propósito del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los comunicadores.

El único caso resuelto en la última década fue el del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien mataron el 12 de agosto de 2014 en Tarazá, Antioquia. El 15 de enero de 2016, reveló la Flip, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Javier Vega Osorio, alias ‘Morocco’, líder de la banda ‘Los Urabeños’, por el crimen.

“Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación aún no ha aclarado si este homicidio está vinculado a las relaciones de ciertos políticos de la región con dicho grupo criminal, considerando que las denuncias de Cervantes estaban relacionadas con la corrupción en algunos municipios del Bajo Cauca”.

Precisamente, en los otros 16 casos, denuncia la Flip, las investigaciones se han centrado en los que apretaron el gatillo, pero no en los que pagaron u ordenaron hacerlo. “Identificar a la estructura que ejecutó el homicidio no permite comprender las motivaciones detrás de estos delitos, que a menudo se perpetran bajo la modalidad de sicariato. De hecho, en seis de los casos se ha condenado a un autor material y en siete más hay procesos en etapa de judicialización, pero no existe ningún proceso judicial en curso que involucre a un autor intelectual”.

En diez asesinatos de periodistas en Colombia no se ha determinado ni siquiera a los autores materiales. Uno de los pendientes que debe resolver la justicia es el homicidio de uno de los periodistas de este diario, Andrés Felipe Guevara, quien se encargaba de cubrir la sección judicial en Q’hubo. Cuando lo mataron, el 21 diciembre de 2020, tenía apenas 27 años; tenía un hijo. El presunto sicario fue capturado, pero se necesita saber quién le ordenó el crimen.

“Las estrategias para la investigación, juzgamiento y sanción que en los últimos diez años ha implementado la Fiscalía han resultado insuficientes para investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Para contrarrestar de manera efectiva la impunidad en crímenes contra la prensa, es fundamental la construcción de una política especializada en la materia, que tenga como fundamento los estándares internacionales para procuración de justicia en este tipo de casos”, insiste la Flip.