Hoy tendrá lugar la primera vuelta de la elección presidencial. Y serán el mismo Consejo Nacional Electoral y el mismo Registrador del Estado Civil que reconocieron un “error” del 7% en las del pasado trece de marzo, quienes realizarán las elecciones, escrutarán los resultados y dirán quienes pasan a la segunda vuelta. O si no hay, si de pronto se produce otro “error” y así lo deciden.
El problemita, según el registrador, fue que los tarjetones que él mandó a hacer desconociendo las observaciones que en su momento le presentaron, tenían “errorcitos”. Eso significó que la culpa fuera de los jurados en las mesas, de miles de personas a las cuales será difícil identificar e imposible procesar por actos que no podrán ser investigados.
Total, fue apenas un “preconteo” el del errorcito. Primero aparecieron quinientos mil votos y luego otros quinientos mil, la composición del Congreso de la República cambió a favor del Pacto Histórico de Gustavo Petro y el CNE avaló ese 7% adicional en el escrutinio que dos meses después aún no termina. Y nada pasa.
Entonces revivieron las dudas sobre una empresa española que fue visitada por Petro, a la cual le adjudicaron un contrato de veintitrés mil millones de pesos. Dudas que en su momento fueron evadidas tanto por el registrador como por el CNE, mientras juraban que se contrataría una auditoría internacional para garantizar la “transparencia” y la “eficiencia” en el manejo de los resultados de las elecciones que se celebran hoy.
Y pasaron dos meses, y nada. Hasta que hace una semana, el CNE dijo que ya estaba listo el contrato de la auditoría, que ellos y nadie más adjudicaban el contrato para realizar una auditoría forense, es decir, una que revisara a fondo lo que pasó el 13 de marzo y fijara responsabilidades sobre ese hueco del 7% y que tranquilos.
Pero el registrador dijo que no, que no era cierto, que el que contrataba era él y que los trámites y la falta de plata impidieron realizar el acuerdo. De pronto, el CNE se adhirió a ese anuncio, le echó la culpa al gobierno por no tener listos los tres mil millones de pesos que valía esa auditoría y ¡sinsalabím!: no habrá auditoría forense y nadie revisará qué pasó en esas elecciones donde aparecieron un millón de votos, el 7%, adicional, quince días después.
Y tranquilos, dijo el registrador Vega, así el presidente de la República mostrara que hacía quince días estaba lista la plata. “Manden testigos, yo se los inscribo y con ello evitamos el problema”. Pero aparecieron los problemas para los que no son del Pacto Histórico, lo que aún se presenta.
Debe quedar claro que la auditoría se cayó no solo porque fuera a auditar lo que hoy ocurra, eso era lo de menos. Se cayó ante todo porque revelaría lo que pasó y quién sería el responsable de los quinientos mil votos más a favor del Pacto Histórico que le entregaron más curules en el senado y nada a los otros partidos. ¿La ley del embudo?
Eso quedó atrás, y las dudas rondan las elecciones de hoy. En cualquier parte del mundo, los responsables de un “errorcito” del 7% en unas elecciones se habían caído y las de hoy tendrían todas las auditorías posibles para tranquilidad de un país que puede llevarse otra “sorpresita”.
Pero aquí no pasa nada. Y le deberemos el favor al registrador y al CNE por haber realizado un escrutinio “prístino y pulquérrimo”, como decía alguien que ya pasó a la otra vida.
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