Una joven alcaldesa entusiasta, Maby Yineth Viera, encargada de concluir el período del destituido Eliécer Arboleda, que después del prolongado limbo, no duda en reconocerlo públicamente y sin remilgos: cuando llegué, tuve que empezar por conectar los teléfonos, líneas rotas y ni qué decir del internet; las conexiones eléctricas no funcionaban, como sucede en toda Buenaventura, donde también el agua es un bien escaso. Papeles arrumados en cajas, desinformación; recursos esfumados y una indolencia repetida de gobernantes que ha hecho de los bienes públicos un botín del que amerita sacar provecho, el que se derrocha y se vuelve migajas en bolsillos de amigos políticos y compadres electorales.

Así se fueron estos tres años de desgobierno con alcalde y un puñado de secretarios de despacho en la cárcel; un Concejo a media marcha, por no decir paralizado y una comunidad entregada al rebusque, pobre, sin mucho en quién creer; con un obispo líder, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien es la conciencia social del puerto y a quien la gente sigue, obligado a adelantar la misa de 7:00 p.m. a las 6 de la tarde para que los feligreses puedan asistir sin miedo, y junto a éste, el padre John Reina, se han convertido casi que en las únicas voces legítimas.

Ambos acompañaron el Paro cívico de hace dos años que convocó al 80% de los 500 mil bonaverenses, un punto de quiebre en este puerto sobre el mar de Balboa, convertido en un núcleo de desesperanza. El Comité del Paro cívico es hoy una voz colectiva con eco en Bogotá apoyado por una Ley con un presupuesto billonario que entró a formar parte del Plan de Desarrollo y que se espera sea el eje de la consolidación de cambios de fondo, planificados por décadas, pero que se han quedado en nada, como si el futuro de Buenaventura hubiera quedado suspendido en el tiempo.

Pero lo cierto es que nada de esto será posible y será un nuevo esfuerzo inútil de no lograrse transformaciones de fondo en el gobierno local y su relacionamiento con la comunidad, de donde habrán de surgir voces nuevas, vigilantes, descontaminadas de marrullas oportunistas. De allí el sentido de la alianza Activa Buenaventura, conformada por nueve organizaciones provenientes del sector privado apoyados por Usaid, el brazo de cooperación social del gobierno norteamericano que buscan con una inyección de recursos significativa -US$7 millones en 5 años- que acaba de lanzarse para contribuir a trazar esos nuevos rumbos. Una alianza potente que estará coordinada por la Fundación Carvajal, que lleva 30 años de siembra en el puerto, en cabeza de su directora María del Rosario Carvajal y su compromiso inquebrantable.

Se plantea un cambio de raíz, que dignifique a la gente y que la haga consciente de sus derechos -a través de liderazgos individuales y de organizaciones de base- para que incidan en la política pública y exijan la transparencia de un gobierno abierto en el que las instituciones respondan a las necesidades de la gente. Porque por más cuantioso que sea el presupuesto del Gobierno Nacional, sino viene acompañado de control y vigilancia ciudadana, puede terminar convertido en una nueva frustración y estaremos lejos de ese cambio que necesita este sorprendente punto de la geografía del Pacífico colombiano, enclavado en la memoria, donde tantos conocimos el mar.
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