A pesar de los ataques de los que viene siendo objeto, particularmente con la imposición de irracionales normas tributarias, la minería es una actividad necesaria para la vida moderna de cualquier país. Precisamente por su importancia, se le debe organizar y vigilar adecuadamente, de forma que el país obtenga de ella el mejor beneficio posible.
Colombia expide los títulos mineros sin ton ni son. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Minería, hay 9.602 títulos mineros vigentes en el país y 8.000 solicitudes en proceso. Los ya expedidos cubren más del 5% del territorio nacional. El 57% de ellos corresponde a materiales de construcción, el 17% a carbón, el 11% a metales preciosos y el 15% restante se atribuye a calizas, minerales industriales y piedras preciosas.
Las razones por las que se otorgan y su control son caóticos. La más reciente fiscalización por la Agencia Nacional de Minería reveló que de 9.043 títulos mineros, 93% presenta incumplimientos en sus obligaciones contractuales, jurídicas, técnicas o económicas. Los departamentos con el mayor número de incumplimientos fueron Cesar, Córdoba, Risaralda, Quindío y Tolima, con hallazgos asociados principalmente a materiales de construcción y carbón. Esto no es aceptable, y debiera estudiarse seriamente la revocación de los títulos con mayores infracciones.
Aunque la minería legal se desarrolla en 30 de 32 departamentos, su aporte a la economía nacional es pobre. En 2022, el sector aportó apenas 1,2% del PIB nacional y, de acuerdo con el Dane, el total de la población ocupada en el sector representa apenas el 0,1% del total de empleados en el país. Esto mientras en Perú y Chile, nuestros vecinos y con quienes compartimos la cordillera andina, la participación de la minería en el PIB asciende al 16% y 14%, respectivamente. Evidentemente, nuestro potencial de crecimiento es enorme.
Si las cifras actuales de la minería legal son decepcionantes, las de la ilegal son devastadoras. La OIT estima que, de 200.000 mineros a nivel nacional, el 70% se dedican a la minería ilegal. Según estudios de Fedesarrollo, el 65% de las minas auríferas están al margen de la ley y la degradación medioambiental perjudica a más de 100.000 hectáreas.
La Universidad Nacional encontró que en 2015 se produjeron cerca de 7 toneladas de oro en el bajo Cauca, al tiempo que se produjo el desplazamiento forzoso de 3.000 personas. Esta zona, con el 78,7% de la población en pobreza multidimensional, es donde, a inicios de este año, el Clan del Golfo orquestó un paro de mineros como reacción a la valiente decisión del Gobierno Nacional de ordenar la destrucción de maquinaria dedicada la minería ilegal.
Es bien sabido que la minería ilegal ha servido como fuente de financiación para grupos armados ilegales y delincuencia organizada, como el Eln y las Farc, además de ocasionar un sinnúmero de problemáticas sociales y ambientales, entre las que se encuentran el deterioro de los ecosistemas, la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación y la destrucción de bosques y páramos de inconmensurable valor. El Gobierno Nacional debe incrementar la búsqueda de estrategias efectivas para enfrentar esta problemática. Pero también debe buscar fórmulas para estimular una minería legal que lleve desarrollo a las regiones dentro del máximo orden y respeto por las normas y por el medio ambiente.