Las mujeres rurales, que constituyen una cuarta parte de la población mundial, juegan un papel esencial en la agricultura y en sus comunidades. Sin embargo, enfrentan muchos obstáculos: falta de recursos, discriminación y acceso precario a servicios básicos, los cuales limitan sus oportunidades de desarrollo y participación en la economía.

De acuerdo con un estudio del Dane publicado en 2023, aproximadamente 12,5 millones de personas viven en áreas rurales en el país (24 % de la población total). De esta cifra, 5,9 millones son mujeres, de las cuales cerca de 2,1 millones tienen menos de 20 años.

De los cerca de 4 millones de hogares rurales, 1,4 millones son liderados por mujeres. En el 64 % de estos hogares no hay presencia de cónyuge, lo que puede aumentar su vulnerabilidad en términos de carga de trabajo, acceso a recursos y apoyo social.

La tasa de fecundidad nacional en niñas de 10 a 14 años fue de 2,2 en 2022, es decir que casi 2 nacimientos ocurrieron por cada mil mujeres en ese grupo de edad. Esta tasa es más alta en zonas rurales (3,5) que en zonas urbanas (1,6), lo cual no solo interrumpe el desarrollo normal de las niñas, sino que aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de pobreza.

Las mujeres rurales se enfrentan a desafíos educativos por la falta de escuelas cercanas, limitaciones en el transporte y preceptos culturales que priorizan las responsabilidades domésticas. Mientras que en entornos urbanos el 23,6 % de las mujeres accede a educación superior, en las áreas rurales solo el 1,6 % lo logra.

En Colombia, las mujeres rurales dedican el doble de tiempo que los hombres a realizar tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y en 2022 solo el 31 % de estas mujeres estaban empleadas, una cifra mucho menor en comparación con los hombres rurales.

En ese mismo año, alrededor del 30% de los hogares encabezados por mujeres de la ruralidad se encontraban en situación de pobreza multidimensional frente al 19 % de las áreas urbanas.

Nuestras mujeres rurales enfrentan dificultades para acceder a préstamos y financiamiento, necesarios para sus actividades agrícolas. Ellas también se ven afectadas por prácticas como el ‘gota a gota’, los odiosos préstamos informales con tasas de interés abusivas, que aumentan la violencia y deterioran la salud mental.

En el contexto del conflicto armado, estas mujeres y sus hijos en ocasiones son reclutados por grupos armados ilegales, exponiéndolos a situaciones de violencia, abuso sexual, explotación y condiciones de vida difíciles. Sin duda, esta violencia es uno de los factores que más incide en su desescolarización y en la limitación de oportunidades para su desarrollo, afectando negativamente su bienestar y su futuro.

Aunque Colombia ha dado pasos importantes con políticas que se han incluido desde la Constitución, así como en la Ley de Mujer Rural (Ley 731 de 2002), el verdadero progreso está por alcanzarse, porque el reto es que las mujeres sean las arquitectas de la sociedad rural del futuro, una sociedad más inteligente, con más progreso y más humana. Para esto es imperativo que de la ley emanen los instrumentos necesarios para aplicar la política, de manera que se cierren las brechas de género y se asegure que cada mujer rural tenga las mismas oportunidades y derechos. Asimismo, debemos determinar el papel que podemos desempeñar los diferentes actores públicos y privados, locales y nacionales, para empoderarlas, fortalecerlas y erradicar la pobreza y el hambre, creando entornos seguros para ellas y sus hijos. Solo así construiremos un futuro más próspero, lleno de esperanza y posibilidades para ellas y sus entornos.