El senador Humberto de la Calle ha hecho bien en dirigirle una carta a la representación diplomática de la presidenta de México para hacerle algunas observaciones sobre su declaración de solidaridad con el presidente Petro con ocasión de la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral relacionada con la financiación de la campaña presidencial de 2022.

El asunto es muy interesante porque el presidente López Obrador, mentor de la actual gobernante mexicana, en forma ostentosa se retiró de cualquier gestión relacionada con la situación electoral en Venezuela, como miembro del grupo de los tres países que estaban encargados de presentar algunas fórmulas para ayudar a superar la difícil situación venezolana, alegando el acatamiento de México al principio de no intervención en asuntos internos de otros países y respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Se trata de dos situaciones electorales. Una en la cual se considera que hubo un fraude que estaría demostrado por dos factores: la no revelación de las actas electorales ya casi tres meses después; y la presentación de estas mismas actas auténticas tanto por la oposición como, ahora, por el Centro Carter. En consecuencia hay casi una aceptación universal sobre la existencia de un fraude descomunal en la elección del 28 de julio en Venezuela.

En Colombia el tema también tiene un elemento electoral, pero bien diferente. Aquí el organismo que tiene la competencia para investigar el comportamiento de las campañas electorales, principalmente, en lo relacionado con el respeto a las normas sobre topes de gastos, es el Consejo Nacional Electoral. Este produjo una decisión, por una mayoría de siete votos con dos salvamentos, que abre una investigación formal sobre las personas responsables de ese tema en la campaña presidencial de Gustavo Petro del 2022. De ninguna manera se puede aceptar que esta decisión del Consejo Nacional Electoral que cuenta además con recursos jurídicos que pueden controvertirla, es el comienzo de un golpe de Estado. Es una actuación de una institución cuyos miembros han sido elegidos por el Congreso y que tiene unas funciones reguladas por la Constitución y la ley.

Todo parece indicar que la presidenta mexicana lo que ha hecho es tomar distancia en esta materia de su mentor López Obrador para proceder en forma contraria en el caso de Colombia. Inusitado. Y revela también que no se tomó el trabajo de obtener una información equilibrada sobre esta situación. Que se sepa es el único gobierno que ha hecho una manifestación de este tipo, pese a que el propio gobierno de Petro ha solicitado una solidaridad internacional al respecto.

El principio de no intervención, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la de la OEA y en varios instrumentos internacionales, pues ha dado lugar a diversas interpretaciones según los contextos y las actuaciones de los gobiernos. Se entiende que México haya tenido una posición histórica muy fuerte con respecto a este tema, la doctrina Carranza, la doctrina Estrada, porque ha sido víctima de graves procesos de intervención. Con todo, sabemos también que la comunidad internacional ha ido adoptando algunos principios de validez universal como es todo el tema relacionado con los derechos humanos o con el derecho internacional humanitario y así se han venido produciendo diversas formas de intervención para preservarlos. Es un tema complejo que ha sufrido una importante evolución y está bien que una personalidad como Humberto de la Calle se pronuncia al respecto cuando el silencio parece haberse impuesto como un comportamiento de la política exterior colombiana.