No tiene sentido exponer a la clase política colombiana a los riesgos que implica la financiación privada de su actividad. Una y otra vez, aquí y en otras partes del mundo, el mecanismo de financiación privada (empresarios, donantes individuales, etc.) genera dos situaciones que es indispensable evitar: 1. Las sospechas de que existe una negociación que en términos clásicos se expresaría en la fórmula latina ‘do ut des’ (Yo te doy para que tú me des) una reciprocidad de favores que de suyo implica una conducta de corrupción. 2. Y una que es también perversa porque genera lo que se denomina la ‘apariencia’ de corrupción. Esta no tiene límites y alimenta la chismografía y todo tipo de interpretaciones que deterioran enormemente la confianza en el sistema político.
Vivimos tiempos en los cuales es notorio el relajamiento de las costumbres. En estos días leía sobre la falsificación de datos en la Universidad de Harvard y que servía para propiciar normas y comportamientos que buscaban mejorar la eficiencia de la administración de negocios. (Financial Times 1 y 2 de Julio, Pg. 4). Es algo que realmente impacta porque se trata de una de las más importantes universidades en el mundo cuyos trabajos se aceptan con un acto de fe en su integridad intelectual.
Ese relajamiento ha alcanzado a instituciones que suponíamos más allá del bien y el mal y, por eso, llevamos en nuestro interior siempre una sospecha sobre lo que nos puede pasar en una transacción financiera o inmobiliaria o de cualquier otra naturaleza, por ejemplo, una tan elemental como comprar por internet un Soat con cuya falsificación muy bien lograda han engañado ya a miles de personas sin que exista reacción alguna por parte de las entidades gubernamentales.
Una reflexión de carácter general que no busca ni justificar, ni minimizar el brutal significado de lo que se ha denominado la confesión de Óscar Iván Zuluaga. Es que ella, al mismo tiempo, trae un repertorio de conductas muy reprochables y una exhibición de valores muy propios de una persona que siempre gozó de una altísima reputación.
Un caso tan dramático y doloroso me obliga a reiterar la urgencia de establecer un sistema de financiamiento de la política (campañas electorales, partidos políticos) que de una vez por todas nos asegure que la dirigencia política colombiana no va a estar expuesta ni a situaciones que se consideran corruptas ni a otras que ofrecen ‘la apariencia’ de corrupción. Es vital para la supervivencia de la Democracia, para que la confianza en las instituciones, sus autoridades, no sufra mengua que este riesgo desaparezca del todo.
La condición de político debe ser equivalente a un sinónimo de transparencia, integridad, honestidad. En nadie se debería confiar más que en un dirigente político, en cualquier nivel. Es que por ellos votamos, en ellos expresamos una creencia en las virtudes de nuestra democracia y de ellos esperamos una consagración generosa al bienestar común. Lo que pueda dañar, manchar, disminuir esa imagen debe desaparecer del escenario de la vida política. Insisto, tenemos que blindar, y de qué manera, a nuestra dirigencia política. Es el modo de blindar, de preservar, de fortalecer nuestras tradiciones democráticas.
Narcotráfico, corrupción, financiación de la política, tres dimensiones fatales del relajamiento de las costumbres sociales que han debilitado gravemente nuestra vida social, política y económica.