Colombia, por mandato legal, está integrada por diez regiones, diversas, poblacionales, geográficas, climáticas, que a su vez conforman los 32 departamentos y los 1104 municipios, incluida Bogotá como Distrito Capital.

Para bien de la democracia, cada uno de los departamentos y municipios, tiene actualmente sus respectivos gobernadores departamentales y alcaldes municipales, los cuales son elegidos cada cuatro años por voto popular. A lo anterior debemos agregar que, en cada departamento y municipio respectivo, existen y operan, de acuerdo a la Constitución Nacional, otros poderes del estado como el judicial, el legislativo y otros organismos de control del Estado.

A esa particularidad de la democracia colombiana, debemos agregar que cada departamento y municipio, tiene un presupuesto propio, el cual está estructurado sobre ingresos directos e indirectos. Los ingresos indirectos provienen del presupuesto nacional y llegan con destinación específica y, por lo tanto, no puede ser modificados por ningún organismo de poder departamental o municipal.

Si en Colombia sumamos cada uno de los presupuestos departamentales y municipales, es posible que nos llevemos la sorpresa, que la totalidad de esa suma sea cercana a la del presupuesto nacional, que para el año 2025 ha quedado en 511 billones de pesos colombianos.

A pesar de ello, las necesidades de desarrollo son muchas y diversas, y los ingresos son pocos si los comparamos con las realidades de cada una de las regiones y ciudades. Por eso es que no nos podemos permitir que la corrupción, la malversación y la irresponsabilidad se apropien de los recursos públicos. Es necesario, para bien de todos, que los protejamos y que su aplicación sea en proyectos de desarrollo y de beneficio para la población en general y que mejore sus condiciones de vida y de trabajo.

Esa realidad es la que nos obliga a exigirle siempre a nuestros gobernantes cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro y, con la práctica del diálogo social y presupuesto participativo en cada municipio y departamento de Colombia, hacer realidad la figura de que ‘todos pongan’, incluyendo a la población urbana y rural que vive en cada municipio, acrecentando y potenciando los recursos y el compromiso en la ejecución y control de los mismos.

Solo así podremos ir avanzando en el camino de la democracia participativa y salir de los remolinos de la violencia, para lograr la paz, la reconciliación y consolidar cada una de las regiones.

En esos propósitos, el papel del presidente de la República y de los gobernantes es definitivo, porque desde esos cargos de gobierno es donde mejor se le puede colaborar a la gente y enseñar con su ejemplo de vida que lo importante en el Estado, y en la vida, es tener nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la mentira, la violencia, las desigualdades sociales y los contaminadores ambientales que tanto daño le están haciendo a Colombia.

Es fundamental hablar menos y actuar más, propiciando la coordinación interinstitucional y el desarme de la palabra.

Acorde con lo anterior, invito a las personas de la diversidad política y social de las diversas regiones para que elijamos bien como presidente o presidenta de Colombia en el 2026, con su respectivo vicepresidente, a personas que contribuyan con su ejemplo de vida a la convivencia pacífica, a la unidad y reconciliación nacional, pero ante todo al desarrollo económico y a que la gente, empezando por los niños y las niñas vivan mejor y en paz.