Ningún país avanza sin seguridad. No es una opción, es la base sobre la que se construye el desarrollo, la inversión y el bienestar. Donde el Estado se ausenta, la violencia y la ilegalidad ocupan su lugar. Hoy, el Suroccidente lo vive en carne propia.

Enfrentamientos entre grupos armados, secuestros, hurtos y extorsiones son el pan de cada día en el norte del Cauca y el sur del Valle. La reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad en Florida y Pradera, refleja una crisis en curso, mientras la respuesta del Estado es lenta e ineficaz.

Tan solo en la agroindustria de la caña en 2024 se registraron 375 casos de inseguridad que se suman a las afectaciones de los demás sectores productivos que enfrentan la misma crisis: empresarios extorsionados, transportadores asaltados, comerciantes amenazados y campesinos aterrorizados. En 2025 ya van tres trabajadores en el norte del Cauca heridos de gravedad mientras intentaban ganarse la vida honradamente.

La pregunta es inevitable: ¿dónde están las autoridades locales? Según el artículo 315 de la Constitución Política, corresponde a los alcaldes conservar el orden público en su municipio, actuando como primera autoridad de policía. Por eso la seguridad debe ser su prioridad absoluta sin esperar órdenes de Bogotá.

Más preocupante aún son los mínimos recursos con los que cuenta la Fuerza Pública en el territorio. Sus operaciones son puntuales y con poca capacidad real de prevención. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan la violencia todos los días y la sensación es que las instituciones encargadas de protegerlos no tienen una estrategia clara.

Y aquí surge otra pregunta ineludible: ¿cuál es la estrategia del Ministerio de Defensa? El propio ministro lo reconoció en el Consejo de Ministros: “No se ha entrado a El Plateado porque no ha habido una decisión articulada del Gobierno para entrar”. ¿Qué esperanza tienen los ciudadanos de que se protejan sus vidas y su derecho a trabajar en paz? El Estado no puede seguir en modo reactivo, esperando que la violencia ocurra para luego enviar refuerzos que no solucionan el problema de fondo.

Nuestra preocupación es que el suroccidente del país se convierta en un nuevo Catatumbo, donde la violencia y el crimen organizado se arraigaron por la ausencia de un Estado fuerte, y donde a pesar de las múltiples alertas tempranas de la Defensoría, nunca se actuó oportunamente. No podemos permitir que esto suceda en el Valle y el Cauca.

El Índice de Paz Global deja en evidencia que los países más pacíficos como Islandia, Portugal y Alemania tienen bajos niveles de violencia y lideran en transparencia, desarrollo económico y calidad de vida. En contraste, en regiones con altos niveles de inseguridad la inversión se frena, la educación sufre y el empleo se precariza. Es sencillo: sin seguridad no hay progreso. Y hoy, el Valle y el Cauca están en riesgo de caer en el mismo círculo vicioso que atrapó al Catatumbo y a otras regiones dominadas por el crimen organizado.

No solo es responsabilidad del Ejecutivo. La justicia tiene que actuar con contundencia. Hoy, el papel de la Fiscalía es tímido, las condenas son escasas y la impunidad es la norma. Si los criminales saben que no hay consecuencias, la violencia seguirá creciendo. El Congreso, las Cortes y todo el aparato estatal deben concurrir en el objetivo de recuperar la seguridad. No podemos aceptar la violencia como parte del paisaje.

Colombia la está pasando mal. O la crisis se enfrenta con determinación o la inseguridad seguirá arrebatándonos la vida, el trabajo y el futuro.