Petro se radicaliza. Acentúa su giro a la izquierda extrema. Una de las tácticas es barrer con los técnicos del gobierno y nombrar leales. Aunque no son ni mucho menos los únicos casos, los más visibles son la dirección del DNP, la de presupuesto del Ministerio de Hacienda y el DPS. En Planeación, nombró a un activista de izquierda, antiguo sindicalista, que ni siquiera es economista y sin experiencia alguna en el tema. En Presupuesto, un contador que tiene por exclusiva credencial haber hecho parte de la UTL de Gustavo Bolívar. En el DPS eligió al mencionado libretista, que no es universitario y que tiene por único mérito haber quebrado sus propios emprendimientos y no pagarle a sus proveedores.
Otra tiene una triple cara. Por un lado, acentuar el control por parte de exguerrilleros sobre los organismos de inteligencia y que controlan información sensible de los ciudadanos. En manos del M19 están la Unidad Nacional de Protección, Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia y Función Pública, la entidad que supervisa el funcionamiento interno del Estado. Por el otro, profundizar el debilitamiento de la Fuerza Pública, la herramienta más poderosa frente a un autogolpe.
Con ese propósito borró de un plumazo el liderazgo de militares y policías y nombró un Ministro de Defensa enemigo de ambos, les recortó el presupuesto y les ató las manos con las negociaciones con los violentos. Ahora los dejará sin capacidad de operación: su decisión de no comprar más armamento a Israel no es sino un castigo para nuestras Fuerzas Armadas, cuyo grueso de equipo y armamento tiene ese origen. Finalmente, el gobierno avanza en lo que parece un proceso de constitución de milicianos.
Además de promover y proteger las guardias indígenas y las seudocampesinas, con probados vínculos con las Farc, puso en marcha el programa de financiación de jóvenes que “están o tienen riesgo de estar vinculados a dinámicas de criminalidad y violencia”. Pagará a un centenar de miles de muchachos con experiencia en el uso de armas y la violencia, relativamente fácil de organizar si a Petro le parece necesario.
Por último, Petro está decidido a buscar mecanismos que le permitan controlar el gasto presupuestal por fuera de las reglas institucionales, a las que ve como una camisa de fuerza. En ese propósito, quiso disponer a su antojo de trece billones de pesos. En la misma dirección van los proyectos para darle facultades extraordinarias para que sea él quien decida en última instancia sobre el pago y el destino de las vigencias futuras y quien regule los servicios públicos.
En ese escenario, se hace prioritario cuidar en extremo la elección del Fiscal. Es claro que Petro quiere uno de bolsillo y que ninguna de las candidatas da certeza de ecuanimidad e independencia. Todas son de extrema izquierda y no garantizan que no serán instrumento para perseguir a los opositores y continuarán con las investigaciones contra los familiares y allegados de Petro.
Finalmente, es urgente construir una plataforma común de oposición. La fragmentación excesiva aumenta la vulnerabilidad y hace muy difícil construir narrativas y acciones comunes para la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho frente a la arremetida petrista.