Hay quienes sostienen que es un error analizar la propuesta de una constituyente desde la perspectiva institucional y que el pasado, la ideología de extrema izquierda de Petro y el ejemplo de Chávez, mostrarían que intentará vías distintas a las establecidas en el ordenamiento jurídico. Un “proceso constituyente” que no respetaría los mecanismos establecidos hoy para la reforma constitucional.
Tampoco sería exitoso. Para serlo, necesitaría que al menos la masa crítica de los factores reales de poder lo acompañaran en la aventura y no se ve por ningún lado que tal cosa ocurra, o que pueda suceder en un futuro cercano. No lo apoyarían los medios de comunicación ni los partidos políticos, con la excepción del Pacto Histórico y algunos patillas, verdes por fuera y rojos por dentro. Tampoco alcaldes y gobernadores, excepto quizás algunos de muy poco peso. Los empresarios y los gremios no se montarían en el despropósito. Y la mayoría ciudadana, “el pueblo”, tampoco está por la labor.
Es verdad que las Fuerzas Militares y la Policía pasan por unos de los peores momentos en los últimos treinta años. Pero mucho va de esa debilidad a que soldados y policías se embarquen en apoyar un intento de Petro de cambiar la Constitución a las malas. Las nuestras siguen siendo unas Fuerzas Armadas sin ninguna vocación para golpes y autogolpes.
Así las cosas, si Petro escogiera un camino extraconstitucional para hacer una nueva carta política, no tendría sino dos soportes fácticos que, aunque no deben subestimarse, son claramente insuficientes para el éxito de su aventura. Por un lado, la información que le provean tres entidades que manejan datos ciudadanos sensibles, UNP, Migración y la Dirección Nacional de Inteligencia, todas en manos del M19. Por el otro, el apoyo que le brindarían los grupos violentos y las milicias. Ahora, con el sostén de los bandidos no le basta. Hacen mucho ruido y pueden hacer mucho daño, como quedó demostrado con la primera línea y el mal llamado ‘estallido social’, pero no son suficientes para que triunfe el golpe.
Porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre: tratar de cambiar la Constitución por una vía diferente a las establecidas en la Carta del 91 no es otra cosa que un golpe de Estado, un autogolpe. Y la consecuencia sería la misma que la de Castillo en el Perú: la destitución inmediata de Petro y su judicialización.
Ahora, mientras que se quede en palabrería, típico de Petro, no hay que preocuparse. Pero si intenta en los hechos cambiar la constitución por estas vías, habrá que exigir que las instituciones actúen con contundencia. Mientras tanto, ojo con los desvíos presupuestales para financiar milicias y apoyos de algunos grupos sociales y mucho cuidado con el uso de los organismos estatales con propósitos non sanctos.