El Director de la Policía dijo que en Los Pozos no hubo un “cerco humanitario", sino un secuestro. Agregó que el MinInterior había sido “costreñido" y obligado a eliminar la palabra secuestro del documento que negociaban porque de otra manera no entregaban a los secuestrados. Y remató con que “prácticamente el señor MinInterior se canjeo por los policías”.

Salieron presurosos a desmentirlo. Prada dijo que nunca había sido "canjeado”. El MinDefensa afirmó que el General “está confundido”. Petro sostuvo que él había dado la orden de “no matar a la población civil”.

Conclusiones: Sanabria tiene los días contados. No le perdonarán haber contado la verdad de lo que ocurrió con la “guardia campesina” y haber dejado al Gobierno en evidencia.

Las petroleras y mineras están en alerta máxima y, muchas, saliendo del país. A todos los problemas fiscales, de seguridad jurídica, de presión de las comunidades, ahora suman saber que la Fuerza Pública no los va a proteger.

Las comunidades están a merced de los violentos. Los criminales usan a los civiles como mecanismo para presionar empresas e instituciones. Pasó en Los Pozos y en el Bajo Cauca. En esta modalidad de acción violenta, que empezó a expresarse con fuerza durante los bloqueos del 2021, hay un desafío adicional de seguridad interna.

El monopolio de las armas en cabeza del Estado es cada día más precario. Ahora hay que sumar el creciente problema de las milicias. La "guardia campesina”, por ejemplo, jamás ha existido. La del Caguán es una milicia de las Farc.

Militares y policías están en una encrucijada. El orden jurídico, su juramento y sus códigos deontológicos los obligan a defenderse y a apoyar a sus compañeros, pero Petro y su MinDefensa les ordenan no hacerlo, aún a costa de ofrendar sus vidas. Fiscalía, Procuraduría y jueces los investigan por no cumplir con sus deberes. Pero si lo hacen, los acusarán de insubordinación y les costará sus carreras.

La ley pasó a ser letra muerta en relación con las obligaciones para la Fuerza Pública. Ahora se hace lo que Petro quiere. O no se hace nada lo decide so pretexto de “la paz total”, un “cese del fuego” que jamás ha sido bilateral y la falacia de que el uso legítimo de la fuerza por parte de militares y policías suponen “matar civiles”.

En paralelo, el narcotráfico está más fuerte que nunca y, en consecuencia, también las finanzas de los violentos. Puede ser resultado de la concepción ideológica del problema por parte de Petro y la izquierda, pero cada día hay mayores indicios de complicidad criminal.

La incertidumbre, el desorden, el caos, la inseguridad, son crecientes. Si la Fuerza Pública no puede protegerse ni a ella misma, mucho menos podrá defender a los civiles. Mientras que, según Petro, soldados y policías tienen que dejarse matar, los ciudadanos están sometidos por los criminales