Para un colombiano, cualquier viaje al exterior, así sea al país más pobre de América, le depara una experiencia totalmente ajena a su diaria vivencia: ¡Allá, las calles no tienen huecos! En Colombia, en cambio, es imposible imaginar ciudad alguna que cuente con una malla vial sin huecos. Nuestras vías urbanas son, de lejos, las peores del continente, y no deja de despertar curiosidad desde cuándo mantenerlas en mal estado se convirtió en una costumbre nacional.
Tiendo a creer que fue con la elección popular de alcaldes que el mantenimiento de las vías urbanas colombianas se abandonó por completo. Las calles no son de nadie, y los elegidos resolvieron dedicar los fondos que antes se destinaban a su mantenimiento a usos con mayores réditos políticos. Fruto de ese abandono de casi 40 años, no existe un país en el continente con calles tan llenas de huecos y deterioradas como las de las ciudades colombianas. Y entre ellas, las de Cali son de las peores. Es imposible olvidar quién fue su alcalde en ocho de los últimos diez y seis años.
Por lo anterior, fue muy alentadora la entrevista con la secretaria de Infraestructura de Cali, la doctora Luz Adriana Vásquez, que recientemente publicara El País. No habrá caleño que no se beneficie de que se cumpla su objetivo de recuperar 800 kilómetros de unas vías que hoy son poco menos que intransitables. No hay bien público más bien y más público que las calles de una ciudad. Todos sus habitantes las usan y todos se ven beneficiados si están en buen estado y afectados si no lo están. Que este gobierno municipal, en actuación sin precedentes en lustros, esté programando su recuperación, es causa de inmensa satisfacción y es un hecho que se debe aplaudir.
Lo que sí es absolutamente contradictorio es que mientras una dependencia de la alcaldía se está dedicando a recuperar las vías, para facilitar la circulación de los vehículos, otra se está dedicando a dañarlas construyendo, sin ton ni son, policías acostados por todo lado.
La Ley 769/2 y la Resolución 1050/4 -que entiendo están vigentes- limitan y definen cuándo y cómo se pueden construir los policías acostados, llamados ‘resaltos’ en la jerga oficial. Esas normas los restringen a sitios de alta accidentalidad comprobada, estipulan que su implementación “deberá estar precedida de un estudio de ingeniería de tránsito”, y descalifican su uso en “carreteras y vías de alta velocidad, vías urbanas en donde transiten rutas de transporte público colectivo, vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que enlacen a estas, vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos, vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%, y vías con pendiente mayores del 8%”. Además, establecen que “debido al ruido y vibraciones que generan, no se recomienda su uso en zonas residenciales y frente a bibliotecas, clínicas y hospitales”. En suma, todo lo contrario de lo que está pasando en Cali.
Basta recorrer, por ejemplo, la Calle 1ª entre carreras 70 y 80, una vía que cuando se termine la 80 será bastante transitada, hoy convertida en una verdadera pista de obstáculos, para entender cómo no deben regarse indiscriminadamente los policías acostados. Vale la pena que la secretaría de Infraestructura revise lo que está sucediendo con las vías que arregla. No es razonable que lo que escriba con la mano, se lo borren con el codo.