Al contrario de como se la llama casi siempre en los medios, lo que busca el Gobierno en Colombia no es la reforma de la salud sino la de los servicios de salud. Pero desde luego lo primero debería ser lo de la salud misma: salud preventiva, el abuso de las drogas como un problema de salud pública, una mejor alimentación, menos obesidad, aire y agua sin contaminar, alcantarillados adecuados y, especialmente en Cali, andenes llanos para que los peatones no se tropiecen y se caigan y se fracturen algún hueso, o la rodilla, o tengan que caminar por las calzadas exponiéndose a que los atropelle un carro o una moto en contravía, y tener que recurrir entonces a un servicio de salud.
En concordancia con lo anterior la reforma laboral por supuesto no incluye la de los espacios de trabajo y su ubicación en las ciudades, y por tanto la reforma del trasporte urbano público, aspectos todos precisamente caracterizados en todo el país por su informalidad en todos los niveles, incluyendo la corrupción, y su fuerte discriminación socioeconómica. Se trabaja en las calles a cualquier hora invadiendo sus andenes y no pocas veces sus calzadas; o, al otro extremo, en edificios de sólo oficinas que se mueren por las noches matando la ciudad abajo, igual que lo hacen los que se quedan en casa para trabajar y no salen a la ciudad; o, al revés, son las fábricas y talleres las que la invaden.
Curiosamente en el Gobierno no han hablado directamente de una reforma agraria de verdad y no apenas de la propiedad de la tierra, pero tampoco sorprende que no piensen en la necesidad perentoria de una reforma urbana para tantas ciudades que están creciendo tanto y tan rápidamente. Reforma que debería comenzar con dejar bien en claro los derechos y deberes que asume la propiedad privada en los espacios urbanos públicos de las ciudades y en la ocupación del espacio privado en ellas; es decir, la necesidad de revisar a fondo toda la normativa urbano arquitectónica vigente.
Y de la reforma educativa, la más importante de todas debido a su prioritaria necesidad, no se sabe nada más después de que al Ministro encargado de sacarla adelante, como lo garantizaba su formación y experiencia, lo sacaron del Gobierno. Por un lado es preciso un mayor cubrimiento de los diferentes programas, de la escuela a la universidad, y de una educación básica (humanidades, geografía, historia, ciencias, artes, idiomas y deportes) para lograr verdaderos ciudadanos del mundo que asuman la armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos; y que en las ciudades incluya la educación cívica permanente de sus habitantes para una vida más sabrosa en ellas.
Si el Gobierno considerara estas reformas y otras similares, con capacidad de entender o comprender (como el DLE define la palabra) lo que significa que ya cerca de las tres cuartas partes de la población del país habita en sus ciudades y que estas están creciendo aceleradamente, procedería a reformarlas con la intención de mejorarlas (DLE) y no cambiarlas para convertirlas en otra cosa, o su contraria (DLE) presionado por los polarizados a favor o en contra en direcciones contrapuestas (DLE) y el Plan Nacional de Desarrollo sí lo sería. Pero en Colombia cerca de la mitad de sus ciudadanos que se abstienen de votar ignoran que su soberanía se ejerce por medio de sus representantes (DLE).