Una vez más, el presidente Petro reacciona en forma desmedida al sentirse perseguido, sin prever las consecuencias.
Las investigaciones sobre el ingreso de recursos a su campaña presidencial, le mueven el piso por la gravedad del asunto. Los organismos judiciales y de control competentes las adelantan en ejercicio de sus facultades constitucionales. Para mala fortuna de Petro, los indicios surgieron principalmente de su círculo familiar y de Armando Benedetti.
El talante combativo del mandatario le lleva a acudir al expediente de tender un manto de duda sobre los funcionarios, habiéndole sido propicio a ese objetivo el propio exfiscal Barbosa en su modo de opositor político. En lugar de apelar a las vías del ordenamiento jurídico para recusar o tramitar modificaciones a la forma como se eligen, los condena a través de trinos, sin considerar que están de por medio las instituciones que ellos representan y su seguridad.
Ha denunciado ante el mundo una supuesta ‘ruptura institucional’ por la suspensión al Ministro de Relaciones Exteriores que dispuso la Procuraduría, y por la diligencia de la Fiscalía a Fecode, acusándola de allanar sindicatos, torturar, presionar testigos y estar bajo una toma mafiosa, solicitando al pueblo movilizarse (X, 2 feb-2024).
Al derecho a discrepar y convocar marchas, como a todo derecho, le corresponde un deber. Es deber del presidente evitar confrontaciones e impedir que los hilos que mueve para sus pretensiones no conduzcan a presiones sobre las instancias judiciales. Era obvio que una movilización el mismo día, 8 de febrero, en que la Corte Suprema de Justicia haría una ronda de votación para escoger nuevo Fiscal, terminaría en las puertas del Palacio de Justicia. Allí se agolparon manifestantes, algunos trataron de ingresar a la fuerza. ¿Qué habría sucedido si lo logran?
Por medios de comunicación se conocieron mensajes e imágenes originadas en el grupo Activistas del Cambio del resorte del presidente y otros fanáticos, cuyo objetivo no solo era un plantón, sino impedir la movilidad de los magistrados hasta que la Corte eligiera Fiscal: “¡Nadie me sale!”, “¡Fiscal ya!”, bandera del M19 incluida. Así lo vivieron y sintieron, como lo expresó el Presidente de la Corte en sus comunicados.
Fue un riesgo que, en las horas críticas, nos trajo el recuerdo de la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M19. No pensaron en ese entonces que podría ocurrir una tragedia, como no lo hacen los actores de hoy, olvidan que cuando se prende una llama no se sabe a dónde el viento lleve el incendio. Gracias a la intervención del Esmad no pasó nada más grave, esta vez.
Ante hechos registrados en cámaras, negarlos y decir lo contrario es tan inconcebible como la imprevisión del Gobierno. Del mismo autor de “yo no lo crié”, surgió la invención de que los magistrados “siempre pudieron entrar y salir como quisieran”. Otra salida en falso.
Alarma todo intento de desinformar a la ciudadanía y constreñir a los jueces o magistrados, a decidir en el sentido y momento que lo señale la cabeza del poder ejecutivo o una turba, cualquiera sea el color o la ideología de los protagonistas.
Al mismo tiempo que es insensato exponer a los funcionarios y al país al calor y vaivén de movilizaciones atizadas por colectivos, bodegas y redes sociales, se viola el principio de la separación e independencia de las ramas del poder público.