No es posible mantener el actual tamaño del Estado y seguir subiendo impuestos, tasas y contribuciones, para pagar un gasto sin fin. La discusión del Presupuesto General de la Nación del 2025 es una señal más de la necesidad de un alto en el camino y repensar la organización del Estado y la funcionalidad y beneficio de cada una de las entidades en todos los sectores y niveles, pues como está concebido ya no es viable ni sostenible.
Tener un presupuesto para el próximo año claramente desfinanciado es diciente. Si bien el Gobierno minimiza el monto aduciéndo se trata de $12 de $523 billones y que la mitad podría suplirse con más deuda, Fedesarrollo ha alertado que ese valor superaría los $26 billones. Las cuentas alegres del Ministro de Hacienda obedecen a que proyecta que los ingresos tributarios crecerán un 22 %, tres veces el estimado del incremento del PIB.
Luego de la Constitución del 91 se hizo un gran esfuerzo para ampliar los beneficios del Estado con avances importantes en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y reducción de pobreza, entre otros. El gasto del Gobierno Nacional Central pasó del 8,5 % del PIB en 1989 a 18,9 % en 2002. Pero, pese a seguir siendo un país con muchos problemas lo cierto es que los recursos son escasos y estamos naufragando en impuestos.
Lo anterior obliga sincerarse; dejar de ver los árboles y apreciar el bosque. No es posible seguir manteniendo un Estado grande para Colombia y cada vez más costoso. No solo a nivel nacional: en las regiones. Los departamentos y municipios, como todas las entidades del Estado, reclaman recursos, incluso ser propietarios o participar directamente en rentas que son exclusivas de la Nación, para atender aspiraciones legítimas de los ciudadanos. ¿Y la plata?
La plata no cae de los árboles y la capacidad fiscal de las personas y de las empresas, y la contratación de deuda, no es ilimitada. Por eso, no hay opción a reducir el tamaño del Estado. Un recorte drástico en todas las ramas del poder y jurisdicciones territoriales, empezando por las erogaciones de funcionamiento. Salvo sea opción sacrificar la inversión nacional y dedicarla a pagar nómina; inversión que para el próximo año se proyecta con una reducción del 17,4%.
Si se compara el tamaño del Estado colombiano como proporción del gasto público en el PIB con Alemania (50 %) e Inglaterra (45 %) el de Colombia es pequeño (34 %). Pero, se olvida que cuando estos países tenían niveles de desarrollo similares al nuestro su gasto no era mayor y fue el crecimiento del sector privado lo que les permitió expandir la esfera pública. Y, quién dijo que debemos ser como ellos, el de Estados Unidos es 36%. Depende del modelo de país.
Se dice que el problema está en la corrupción pues sin ésta los recursos darían a basto, y que si la informalidad no estuviese desbordada y todas las personas declararan renta y se ampliara la base gravable, se contaría con recursos de sobra para financiar el Estado. Pero esa no es la realidad: la corrupción no cede sino que se acrecienta y estamos años luz de un régimen tributario en el que todos paguen lo que deberían en justicia.
Lo más preocupante de este escenario realista es que el próximo Gobierno requerirá de recursos para remendar destrozos, empezando por recuperar el territorio perdido. De ahí la urgencia de entender que el problema no es la Ley de Financiamiento, que debe rechazarse, sino que bajo las actuales circunstancias el país no está en condiciones de seguir sosteniendo el Estado como está diseñado y se requiere una revisión de fondo y reducción del gasto público, empezando por el de funcionamiento. Una tratamiento duro y doloroso, pero necesario.