Mientras el país estaba pendiente de la aberrante Reforma a la Salud, pasaba desapercibido el ingreso de Mancuso a la JEP. Ocurren tantas cosas en Colombia, que resulta difícil estar pendiente de todas.
Camilo Gómez evidenció el esperpento. Lo sorprendente no es que haya pasado, sino su demora. Muchos lo teníamos presupuestado dentro de las posibilidades de lo que podría salir mal. Lo cierto es que lo que empieza mal, termina mal. Lo concebido y parido mal, termina mal. La JEP nace de un acuerdo de paz espurio, rechazado por los colombianos mediante un plebiscito donde el ‘NO’ obtuvo el 50,21 % de los votos. No obstante, de forma ilegítima para unos e ilegal para otros, este se refrendó en el Congreso.
Con la refrendación y el Acto Legislativo 1 de 2017 nace la JEP, un tribunal ‘mal nacido o mal parido’, nacido de manera ilegítima, incluso hasta ilegal, diseñado por los guerrilleros, con la complacencia del gobierno de la época, los políticos de izquierda y algunos politiqueros de siempre. Un tribunal que tenía toda la cara de ser engendrado para la impunidad y la persecución. Se trató de morigerar posteriormente con la Ley. Pero el daño estaba hecho y, como todo, una cosa es lo que ingenuamente se quiere y otra cosa lo que termina pasando, especialmente por la forma de escogencia y elección de los magistrados y el sustrato ideológico de la mayoría de ellos.
Y lo que pasó, pues pasó. Mancuso, cuyo sometimiento fue inicialmente rechazado por falta de competencia personal (al ser un tercero civil comandante paramilitar), finalmente fue admitido. El argumento en la apelación era que este fungía como “agente del Estado de Facto”. El Tribunal en la apelación resolvió confirmar la decisión, rechazando el alegato, pues no se cumplían con los estándares internacionales para ser un agente del estado de facto, pero, en un giro torticero, resolvió permitirle a Mancuso que “demuestre (…) que se incorporó funcional y materialmente (…) a la Fuerza Pública (…) a partir de (…) su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar en los patrones de macrocriminalidad comunes y (…) su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de dichos patrones (…)”, es decir, allanó el camino para que se enmendara la solicitud de sometimiento.
Así, la JEP resolvió declarar y aceptar el sometimiento de Mancuso, a pesar de que no era posible hacerlo, tratándolo casi como un funcionario público, sin serlo, y al admitirlo, finalmente significaría que fue un agente del estado de facto. Esta es una clara extralimitación de competencia de la JEP.
La intención, para muchos, no es otra que perseguir, no solamente a actores políticos que defendieron con ahínco a las instituciones, sino también a ciudadanos y empresarios que padecieron el conflicto.
Se trata de reescribir la historia de Colombia para justificar el “loable y romántico” actuar guerrillero, tratando de deslegitimar al Estado y sus agentes, como si todo el aparato estatal y sus agentes, o gran parte de este y estos, y los empresarios, hubieran sido cómplices y actores de los crímenes de los paramilitares o aliados del propio Mancuso.