El próximo 16 de febrero iniciará nuevamente sesiones el Congreso de la República. El país espera con gran incertidumbre lo que pueda suceder con las muy mencionadas reformas sociales. Las tres más importantes están haciendo tránsito en distintos momentos del trámite legislativo. La que más ha avanzado es la reforma a la salud, que ya surtió dos debates de cuatro en la Cámara de Representantes. Le hacen falta la discusión en la Comisión Séptima del Senado y —de ser aprobado este tercer debate— el de plenaria de Senado.
A la reforma pensional solo se le ha dado el primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Debe ir a plenaria de esa corporación y —de ser aprobada— le esperan los debates en la Comisión Séptima de Cámara y luego la plenaria. La última de esas reformas es la laboral, que no ha terminado el tránsito de su primer debate en Comisión Séptima. Le falta ser aprobada en esta, y tres debates más, uno en Cámara y dos en Senado.
Los chismes de los corrillos políticos y la información que se recoge en los medios de comunicación parece sugerir que el Gobierno Nacional se está moviendo en el Congreso para reconfigurar las mayorías e intentar aprobar las reformas. Esto especialmente en Senado, donde parece que existe una mayor distancia frente a los proyectos de ley. En la Cámara, la reciente aprobación del segundo debate en plenaria de la reforma a la salud evidencia que los oficios del gobierno van dando resultados.
La preocupación y la incertidumbre de lo que pueda pasar con estos proyectos en el ambiente público nacional parece ir en aumento. Las encuestas que se publican periódicamente muestran que la mayoría de los colombianos no los ven con buenos ojos.
Para completar —como si ya no tuviéramos suficientes elementos para crispar los nervios—, se viene sugiriendo una nueva reforma tributaria por parte del gobierno, el cual, por cierto, requiere más recursos, cuando no ha logrado siquiera ejecutar los que tiene.
El abanderado natural para defender una reforma tributaria es el ministro de Hacienda, quien lo está haciendo. Lo sorprendente es que le salió coteja, pues ahora el que la solicita y la defiende es el ministro de Salud. Y cómo no hacerlo si la reforma se estima que para el primer año pueda costar un billón de pesos, para el segundo 7, para el tercero 9, para el cuarto 10,7 y así, sucesivamente, hasta llegar en el 2033 a $23,5 billones. Lo cierto e innegable es que los primeros diez años de la reforma costarían aproximadamente 136 billones de pesos. Sí, leyeron bien, aproximadamente 136 billones de pesos, los cuales tendríamos que pagar los colombianos.
Creo que ya a todos nos queda claro por qué el ministro de Salud ha salido de paladín de la reforma tributaria. Esta no solo es costosa, es inviable financieramente si no se tienen los recursos. Surge de esto una serie de preguntas: ¿El Ministerio de Hacienda puede dar aval fiscal a una reforma que hoy no cuenta con los recursos asegurados?, ¿se requiere primero aprobar una reforma tributaria, para así asegurar los recursos y posteriormente poder obtener aval fiscal?, ¿vale la pena aprobar una reforma que no solo puede poner en riesgo un sistema que, con sus defectos, funciona, sino que también pone en riesgo las finanzas públicas y el bolsillo ya muy golpeado de los contribuyentes?