Cierto que el sistema de salud en Colombia requiere mejoras. Como sucede en cualquier decisión de vida, para introducir reformas es necesario reconocer los aciertos e imperfecciones del camino andado.

Al igual que en el suceso bíblico de la creación, al principio reinaba el caos y la oscuridad, hasta cuando se sentaron bases para el acceso de toda la población a servicios médicos. Varias generaciones padecieron la incapacidad del Seguro Social y del Estado para atender sus necesidades en salud, y sus recursos no les permitía pagar el costo de médicos y clínicas particulares.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral con el objetivo de garantizar la ampliación de la cobertura a toda la población bajo el principio de solidaridad para incluir sectores sin capacidad económica. Con modificaciones evolucionó un sistema que bueno, malo o regular, según se considere, alcanzó una cobertura superior al 95 % entre los regímenes contributivo y subsidiado, lo cual ha sido valorado al interior y por fuera del país.

Ello explica que buena parte de la población lo considere un logro que no quiere perder, a pesar de que se cuestione el papel de las EPS y haya mucho más por hacer. De ahí que el proyecto de reforma del Gobierno por su carga de profundidad genere incertidumbre entre los afiliados a las EPS, acentuada ahora con la reciente aprobación de la Cámara de Representantes.

Les preocupa lo que sucederá durante la transición hacia un nuevo modelo en caso de salir avante la reforma, de cara a su vínculo con las EPS y la capacidad operativa y financiera de estas para la gestión de sus tratamientos o atención en las IPS. En ese tránsito, si se prescinde de las EPS o de sus funciones neurálgicas, se preguntan los pacientes quién con profesionalismo asumirá de inmediato el relacionamiento y remisiones a especialistas e instituciones.

Tomará tiempo construir los centros de atención primaria, no se sabe si serán competentes para direccionar pacientes a otros niveles de complejidad. No parece razonable que el Ministerio de Salud o el Adres que recauda y paga pueden asumir roles adicionales dada la dimensión y especialidad de las gestiones en salud con sus necesarios engranajes. Puede que haya prevención por el fantasma del estatal Seguro Social, pero también por la débil capacidad ejecutiva del Gobierno y Estado.

Sea que en la transición continúen la EPS, o que se hunda la reforma, bien haría el Gobierno en asegurarle a los afiliados que dispondrá y canalizará los recursos requeridos para la gestión, que al final se traduce en atención a ellos en este trance y evitar así el deterioro de su salud. Con o sin reforma, la estabilidad financiera del sistema de salud pasa por definir técnicamente la suficiencia de lo que el Gobierno reconoce por cada afiliado (UPC), el reembolso por pagos de presupuestos máximos o conceptos que comprobadamente procedan, en especial si la falta de esos recursos fuere la causa de deudas de EPS con IPS o proveedores.

El meollo ha sido el giro de recursos a las EPS para la administración y gestión de los servicios de salud, pero el pago directo desde el Adres no supone una dificultad ni oposición, pues ya opera en el régimen subsidiado, y los costos de la salud están a cargo del Estado por ser un derecho fundamental.

Para los creyentes, encender una llama y pedir un deseo es una esperanza ante un difícil asunto.