¿Quién debe pagar por la construcción de carreteras en el país? En el caso de las concesiones que construye un empresario privado, ¿cuál debe ser la fuente de recursos que le permita recuperar su inversión?

Hay tres posibles respuestas a estas preguntas: La primera que, como las carreteras son bienes públicos, las debe pagar el Estado, y el mecanismo para hacerlo son las vigencias Futuras (VF); la segunda que, como no todos los colombianos las usan, las deben pagar solo quienes transitan por ellas y entonces el mecanismo son los peajes; la tercera, que como aumenta el valor comercial de los predios aledaños a las carreteras, las deben pagar los dueños de esos predios, y el mecanismo es la contribución de valorización.

La triste realidad colombiana es que la gran mayoría de la gente piensa que es el Estado el que debe pagar, y no solo por las carreteras, sino por muchos bienes y servicios. Es el Presupuesto Nacional el que debe pagar por el subsidio al diésel, así como por las pensiones, la salud o las tarifas eléctricas, por no citar si no unos cuantos casos recientes. Lo que se olvida es que la plata del Estado no nace en los árboles, sino que viene de los impuestos de todos, que acaban pagando por los subsidios o beneficios a grupos privilegiados de la población.

Las tres opciones existen en la legislación colombiana, pero en las carreteras de 4G solo se han usado, sobre todo, las vigencias futuras y un poco los peajes. La inversión en las 19 concesiones en marcha es de $80 billones, de los cuales el 63% ($50.2 billones) se va a pagar con VF, y solo el 37% ($29.8 billones) se cubrirá con peajes. Hay diferencias grandes porque, por ejemplo en la Autopista al Mar 1 en Antioquia las VF van a cubrir el 90% del costo de la inversión, mientras que en la Transversal del Sisga solo el 35%.

La Ley 819 de 2016 define la Contribución Nacional de Valorización como “un gravamen al beneficio adquirido por las propiedades inmuebles, que se establece como un mecanismo de recuperación de los costos o participación de los beneficios generados por obras de interés público o por proyectos de infraestructura, la cual recae sobre los bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de estos”.

Ahora se ha propuesto usar este cobro por valorización para la vía Cartagena-Barranquilla, y la protesta de las fuerzas vivas de la Costa ha sido enorme. En otras partes también ha habido rebelión de las comunidades cuando se han tratado de instalar nuevos peajes. La consigna es clara: ¡Que pague el Estado, es decir, los demás colombianos!

No tiene justificación que los propietarios que se han beneficiado con el incremento del valor comercial de la propiedad no aporten en la construcción de obras que si bien son de interés público, contribuyen al mejoramiento de la infraestructura de sus propiedades y de su región.

Lo único malo del cobro por valorización es que no se haya utilizado antes y, por supuesto, debe aplicarse en todo el país y no solo en la Costa Atlántica.

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¿A propósito de equidad regional, ¿qué dirán en el Valle del Cauca, donde la concesión de la Nueva Malla Vial del departamento se va a financiar 100% con peajes, y 0% de VF?