Dos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones de Venezuela, disminuye cada vez más la ilusión de una transición democrática en ese país, y aumenta la posibilidad de que Maduro se quede, consumando el fraude electoral.
Maduro no ha podido demostrar que ganó las elecciones, ni va a mostrar las actas electorales como lo exigieron hasta los presidentes de México, Brasil y Colombia; pero a pesar de estar deslegitimado ante la opinión internacional y las sanciones económicas, está utilizando todas las formas de lucha para aferrarse al poder, y lo puede lograr.
Ha tratado de dar apariencia de legalidad al fraude con las certificaciones sin pruebas del Consejo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos controlados por los chavistas. Ha enfrentado a la oposición con violencia y represión, que ha dejado muertos y miles de presos políticos. “Todos los que estuvieron directamente involucrados en la organización de las elecciones están ahora escondidos, en prisión o en el exilio”, declaró María Corina Machado en entrevista reciente.
Logró un triunfo importante al forzar el exilio del candidato ganador, Edmundo González, después de que su fiscal de bolsillo lo acusara penalmente, y presionarlo para que firmara una carta reconociendo que Madura había ganado.
Además, todavía cuenta con tres factores importantes a su favor: uno, el respaldo de los militares que no quieren perder sus prebendas; dos, el apoyo de países como Rusia, China e Irán; y tres, el respaldo de alrededor del 30% de la población junto con colectivos armados dispuestos a defenderlo.
Por todos estos factores, la misma María Corina, que resiste con coraje desde la clandestinidad, reconoce que todavía Maduro no caerá: “El punto aquí es que Maduro esté dispuesto a sentarse a negociar y creo que eso se alcanzará cuando el costo de permanecer en el poder por la fuerza supere el costo de salir del poder y todavía no hemos llegado allí”.
Si Maduro se queda, si resiste toda la presión doméstica e internacional y se vuelva a posesionar como presidente el próximo 10 de enero, Colombia debe prepararse para enfrentar por lo menos tres consecuencias muy complicadas: La primera, una nueva crisis migratoria pues se espera que, ante la continuación de la dictadura, millones de venezolanos se sumen a los que ya han salido de su país, y Colombia es el primer destino para la gran mayoría.
La segunda es en el frente económico. La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, y la pérdida de otra parte de su población frenarán la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones colombianas -sobre todo las no tradicionales, a quien fuera nuestro principal socio comercial en la región. Además, se complicaría la importación de gas venezolano, que es la mejor alternativa para suplir la escasez que se prevé para los próximos años.
Finalmente, el colapso definitivo de las posibilidades de negociar la paz con el ELN. Con Maduro, este grupo armado seguirá teniendo amparo y cobijo en la frontera del vecino país para desde allí continuar sus incursiones violentas y en su discurso guerrerista ya comienzan a presentarse como guardianes de la revolución bolivariana. No es coincidencia que la reactivación de sus atentados terroristas, así como la voladura de los oleoductos, se haya dado después de la autoproclamación de Maduro como presidente.