El pasado tres de noviembre se cumplieron 120 años de la separación de Panamá. El asunto no puede desterrarse de la memoria colectiva como un recuerdo indeseable, porque realidades similares a las que determinaron aquel acontecimiento aún subsisten.
Los dirigentes de aquel departamento eran conscientes de la importancia geopolítica de su territorio y tenían claro su potencial económico. Aunque les tallaba el centralismo que extraía impuestos sin tregua y negaba empleos públicos a los locales, no le encontraban sentido a la separación. Pero todo cambió cuando se dieron cuenta de que en las trapisondas de la politiquería dominada por el partido conservador naufragaba la construcción del canal interoceánico, el gran sueño de aquella región.
Por aquellos días Colombia estaba maltrecha y debilitada. La guerra de los mil días había dejado un gobierno autoritario dividido en dos facciones: los históricos de Marroquín el presidente en funciones y los nacionales del expresidente Caro. Los primeros habían impulsado la firma del tratado Herrán-Hay, el cual daba a los Estados Unidos el derecho exclusivo de construir el canal, mientras los segundos se oponían a tal concesión.
Pero al llegar el instrumento al Congreso, los nacionales se opusieron, lograron sabotear su aprobación, y a renglón seguido las actividades legislativas entraron en receso. La actitud era imprudente, se sabía que los istmeños no estaban dispuestos a posponer indefinidamente un proyecto que veían como redentor. Tanto así que Luis de Roux García de Paredes, tío bisabuelo del suscrito y representante por Panamá, había dejado una constancia pública sobre el riesgo para la integridad territorial si las cámaras suspendían la consideración del tratado. La expresión del pariente concluía: “Yo haré uso de esta declaración para justificar mi previsión cuando los hechos se hayan cumplido. ¿Podremos ahora disolvernos y abandonar tan graves asuntos para volver a nuestros pueblos a intrigar por el triunfo electoral de tal o cual personaje o ambición mezquina?”.
Al saber que el tratado estaba irremediablemente atascado los panameños se sintieron traicionados, liberados de la lealtad hacia Colombia y vino lo que vino. Les ayudó la estupidez abrumadora de Marroquín. Este sabía de los planes militares y financieros gringos con vistas a una intervención, y conocía que no se contaba con medios para controlar el descontento ya que las tropas estacionadas en el istmo llevaban meses sin paga y su comandante no era digno de confianza. Peor aún, el mandatario tomó la decisión suicida, de designar a José Domingo de Obaldía como jefe civil y militar de aquel departamento. La movida se orientaba a favorecer la candidatura presidencial de Rafael Reyes, privilegiando la conveniencia electorera del partido gobernante. No importó que De Obaldía antes de aceptar hubiese anunciado su propósito de conseguir el canal incluso a costa de la soberanía de Colombia.
El Estado colombiano con su indiferencia traicionó a Panamá y continúa haciendo lo propio con otras zonas de frontera. A los distantes burócratas de Bogotá y a los politiqueros no se les ha ocurrido que ciertos territorios de promisión y riqueza como Putumayo, Chocó, Guajira, Nariño, Amazonas, podrían tener la tentación de abandonar esta madre patria deficiente que poco los sustenta.