Aunque hubo inquietud entre distintos sectores sobre si se iba o no a prorrogar la tregua pactada entre los grupos Shottas y Espartanos en Buenaventura, que se vencía a comienzos del presente mes, el anuncio reciente de que fue convenida la continuidad de ese acuerdo durante 90 días más, es decir, hasta febrero de 2025, constituye, sin duda, una buena noticia.
El proceso con estas dos bandas armadas, que no es una negociación política de paz, sino un diálogo socio-jurídico, tiene unas particularidades que representan todo un desafío, pero constituyen al mismo tiempo grandes oportunidades. Tal y como el exconsejero departamental de paz Fabio Cardozo, ahora coordinador del equipo de gobierno que se encuentra al frente de estos diálogos, lo ha señalado, “en esta dinámica la tregua es importante, pero no es lo único”.
Uno de los aspectos muy propios de este diálogo se refiere a que esta tregua, que viene de un par de años atrás, es un acuerdo solo entre estos dos grupos delincuenciales, no entre estos y el estado colombiano. Algunos se preguntarán ¿para qué sirve una tregua en esos términos? Y la respuesta es clara: salva vidas, lo cual nunca es un argumento despreciable, menos aún tratándose de la de jóvenes de las propias comunidades de Buenaventura, que incluso comparten vínculos de familia, antiguas amistades y territorio.
Pero por supuesto, en el actual contexto, esa tregua tiene que abrir la oportunidad para mucho más, incluyendo el desescalamiento o incluso proscripción de actividades criminales y al mismo tiempo para crear las condiciones que hagan posible abocar grandes transformaciones en el territorio en clave de construcción de paz y transformación positiva de violencias de distinto tipo, así como la superación de profundas e históricas desigualdades.
Existen al menos tres prácticas ilegales sobre las cuales esta tregua debe dar resultados positivos. Lo primero se refiere a proscribir totalmente la actividad de reclutamiento y desvincular de sus filas a los menores de edad. Lo segundo guarda relación con poner fin a la extensa práctica de la extorsión que tiene agobiados a los ciudadanos sin distingos de clase social o actividad económica. Y lo tercero, el desmonte del dispositivo criminal mediante el cual se controla violentamente buena parte de la actividad económica y comercial de la ciudad, estableciendo precios, canales de compra y venta y decidiendo que, quienes y en donde se puede realizar, pero siempre bajo su “supervisión”.
En lo que respecta a la tregua estos deben ser resultados tangibles, porque de lo contrario se entenderá dicho pacto como un acuerdo entre ilegales, casi que exclusivamente para beneficio propio de poder continuar sus actividades delictivas, algo así como algunos lo llaman, una “paz mafiosa”.
No obstante, y dado que la tregua no impide la acción del estado, deben ser demandados resultados efectivos de parte de las autoridades de Fuerza Pública y judiciales en su accionar contra estos grupos.
Pero la mayor oportunidad en este proceso está dada por lo que el equipo de Gobierno, con enorme acierto, está orientando y es que la paz territorial, su construcción y sostenibilidad dependen de un gran esfuerzo colectivo, gubernamental e institucional en distintos niveles, también del sector privado y con una amplia y efectiva participación de las propias comunidades para hacer posibles transformaciones reales, de las que incluso los actores armados, en trance verificable hacia el desmonte de su aparato y actividades criminales, podrían hacer parte.
Bien por la tregua, pero mejor aún por el nuevo direccionamiento del equipo del Gobierno Nacional. Hay desafíos, pero sobre todo oportunidades que hay que saber aprovechar.