Hace 55 años, cuando los Farallones de Cali fueron declarados Parque Nacional Natural, el propósito era garantizar la protección de una de las reservas ecológicas más importantes del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. El fracaso resulta evidente cuando se ven sus bosques destruidos y sus nacimientos de agua contaminados por la minería ilegal, por las construcciones invasoras y por el negocio ilícito de la madera.

Desde las páginas de este diario las denuncias han sido permanentes en los últimos años. En diferentes recorridos realizados por periodistas y reporteros gráficos se ha comprobado cómo los males de los Farallones se multiplican, sin que las autoridades sean efectivas a la hora de detenerlos.

Es así como se han registrado centenares de socavones abiertos por la minería ilegal, esas heridas sin sanar que evidencian el que sin duda es el mayor problema del Parque Nacional. De igual manera hay pruebas de las invasiones de tierras y de las construcciones que se levantan en medio de la zona de reserva sin ningún permiso y pese a los fallos judiciales proferidos. La tala indiscriminada de especies nativas o en peligro de extinción alimenta a su vez la industria maderera ilícita, mientras la contaminación de los nacimientos de agua que provocan el mercurio y los desperdicios de esas actividades ya afectan a Cali.

En contra de la depredación que sufren los Farallones, nada funciona. Como se vio hace un par de semanas no basta con tener un batallón de alta montaña del Ejército y una treintena de soldados desplegados para que se imponga el orden y se contenga a quienes le causan tanto daño al Parque. Son 196.430 hectáreas de reserva natural expuestas a grupos armados ilegales y a la delincuencia organizada que tienen en la explotación de los recursos naturales su forma de financiación.

Los fallos judiciales son letra muerta ya sea por la imposibilidad de las autoridades locales, regionales y nacionales para hacerlos cumplir o por la corrupción que permite la continuidad de las actividades ilícitas. Desde el año 2011 se ordenó sellar los socavones y ahí siguen a la vista de todos mientras el tiempo se va en anuncios oficiales o en contratos fallidos, y son varias las sentencias que ordenan desde hace más de una década detener las invasiones, algunas de ellas ejecutoriadas y otras que se quedaron en el papel.

Si se pretenden celebrar los 55 años del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, y que este no sea un amargo cumpleaños, es inaplazable la intervención decidida de los gobiernos de Cali, del Valle y Nacional, así como de sus entidades ambientales.

Salvar la reserva en la que nacen seis de los siete ríos caleños y 30 fuentes hídricas más que bañan a la región; poner a buen resguardo sus ecosistemas donde habitan centenares de especies de fauna y flora, algunas endémicas, hoy en alto riesgo de desaparecer; y garantizar que no se contaminen los nacimientos de agua que abastecen a varias poblaciones y al menos a tres millones de colombianos son las obligaciones del Estado.