La incapacidad de las autoridades de Cali para regular la circulación de las ambulancias y obligar a las empresas que prestan ese servicio público a que cumplan las reglas establecidas, queda en evidencia cada vez que ocurre un accidente en el que esos vehículos están involucrados. Hasta ahora las soluciones no funcionan ni las propuestas sobre qué hacer parecen viables, por lo que las calles de la ciudad continúan a merced de esa peligrosa ‘guerra del centavo’.

El ocurrido el sábado anterior fue el noveno accidente grave protagonizado este año por una ambulancia en Cali. El conductor del vehículo arrolló a un motociclista cuando, por increíble que parezca, huía de un primer siniestro en el que se vio involucrado. Quien manejaba no tenía licencia de conducción ni el carro de asistencia médica contaba con el Seguro Obligatorio de Tránsito, Soat, según confirmaron las autoridades

Los accidentes no son el único problema causado por las ambulancias en la capital del Valle. Lejos de cumplir con la función de brindar primeros auxilios y trasladar a los enfermos, a quienes sufren accidentes o a los ciudadanos que requieren un servicio de urgencia, lo que está demostrado es el montaje de una industria que nada tiene qué ver con la salud de los pacientes.

Al incumplimiento de los requisitos mínimos para prestar el servicio vital se suma el uso de las ambulancias para fines distintos, como el transporte de pasajeros. Y está la espiral de dineros y contratos inmorales que promueven algunas clínicas para enriquecerse con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Como lo han contado en múltiples ocasiones los mismos conductores y paramédicos, en ciertos centros de salud les pagan una bonificación por cada accidentado que remiten.

Por esa ‘guerra del centavo’ es que no importa que el siniestro ocurra al otro lado de la ciudad o que en el camino haya una clínica cercana, porque el paciente solo se lleva al lugar donde se les paga. Por ello tampoco funciona la aplicación que el año anterior puso a funcionar la Alcaldía para designar, de acuerdo a su ubicación, qué ambulancia presta un servicio determinado.

Ahí está la razón también para que existan infiltrados en la Línea 123 que les avisan a las empresas de vehículos de asistencia médica sobre accidentes y emergencias, con el fin de que se anticipen al llamado y salgan desbocados por las vías caleñas, rebasando los límites de velocidad, en contravía y sin importar el riesgo, con tal de llegar primero. La historia se repite desde hace años y quienes deberían ejercer el control parecen estar los brazos cruzados.

Ahora se plantean nuevas alternativas, como que el Cuerpo de Bomberos asuma en exclusiva el servicio de las ambulancias, lo que obligaría a triplicar el pie de fuerza de la institución y requeriría al menos $20.000 millones cada año para su funcionamiento. ¿No sería mejor que las autoridades cumplieran con su labor, vigilaran el servicio e impusieran a quienes incumplan las sanciones drásticas que están contempladas por la ley?

Cali no puede seguir más a merced de las ambulancias que causan desorden en las vías, se lucran de los siniestros y son protagonistas de tragedias que en ocasiones terminan en muerte.