Las relaciones entre la prensa y los gobernantes suelen ser tensas pues muy pocos entienden la misión de los medios de comunicación, que no es otra que vigilar que quienes ostentan el poder manejen correctamente los recursos públicos, respeten la institucionalidad y no abusen de las facultades que tienen en sus manos.
La libertad de expresión y por ende el rol de los medios de comunicación, son esenciales para cualquier democracia. Tanto es así, que ese derecho está protegido por la propia Constitución.
En su artículo 20, la Carta Política expresa: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
La prensa en Colombia ha cumplido un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, en la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos, así como en el respeto a los valores democráticos que se deben garantizar en un Estado de Derecho. Para ello ha sido determinante el respeto por su libertad e independencia al informar.
Esa libertad de expresión, que defiende la Constitución, en estos momentos está seriamente amenazada por un gobierno reacio como pocos a la tarea de la prensa y por un presidente como Gustavo Petro que no duda en atacar y estigmatizar a los medios de comunicación cuando estos informan sobre hechos que afectan su imagen.
Durante las marchas organizadas con el propósito de defender las reformas sociales que promueve el Gobierno, el pasado miércoles, ante miles de personas, Petro manifestó: “Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece”.
Pero en su ataque a la prensa el Presidente fue más allá y señaló: “Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel...”. Gravísimos señalamientos que ponen en peligro la integridad de los periodistas y en especial la de aquellos que laboran en los medios que el Mandatario cuestiona con nombre propio, como la revista Semana.
Es preciso que la sociedad rechace de forma contundente estas declaraciones que ponen en riesgo la libertad de expresión y la vida de aquellos que con valentía la ejercen. Y también urge que los órganos judiciales sancionen de forma ejemplar a quienes atentan contra ese pilar de la democracia.
Ya hemos visto cómo en países vecinos, gobiernos autoritarios comenzaron por acosar a la prensa y a los periodistas, y terminaron asfixiando a los medios de comunicación independientes, cercenando el derecho de la sociedad a estar informada de manera objetiva y veraz.
En Colombia aún estamos a tiempo de evitar que eso suceda. Para ello es indispensable que haya un rechazo unánime a las aseveraciones temerarias del Presidente, a través del cual quede claro que la sociedad no está dispuesta a callar.