Los más de 500 bloqueos que se registraron en las carreteras colombianas durante el 2023 le dejaron pérdidas superiores a los $4 billones a la economía, según cifras recogidas por la Andi.

La conjunción de movilizaciones sociales, actos de piratería, problemas de infraestructura y desastres naturales, que terminan por inhabilitar corredores viales de importancia estratégica para el país, se han convertido en una pesadilla con un costo enorme para toda la sociedad.

Pero no se trata solo de las millonarias pérdidas que sufren las empresas por cuenta de la imposibilidad de mover productos e insumos por el territorio nacional, o con destino a los mercados internacionales. Los bloqueos a las carreteras impiden que los ciudadanos ejerzan su derecho a la movilidad y al trabajo, además de afectar servicios esenciales como la educación, la atención médica de emergencia y, por supuesto, la comercialización de alimentos, que se traduce en alzas inmediatas en los precios de los productos de la canasta familiar.

Con lo cual, bloquear las carreteras para presionar una negociación equivale a mucho más que causar pérdidas al sector empresarial. En realidad, es atentar contra la tranquilidad de la sociedad entera y propiciar un clima de inestabilidad general que crea zozobra, atenta contra los derechos humanos e induce a la violencia.

Eso fue lo que vivimos en el Valle del Cauca en el 2021, cuando la región quedó aislada del resto del país por cuenta de un plan estratégico de bloqueos impulsado por actores armados que desvirtuaron una protesta social legítima para sembrar caos y anarquía.

Eso mismo es lo que hoy puede llegar a desatarse en todo el territorio nacional, si no se le pone fin a los bloqueos adelantados por los transportadores que rechazan el alza en el precio del Diesel decretada por el Gobierno Nacional.

Los bloqueos viales de este tipo son, a todas luces, inaceptables. Colombia no puede permitirse el lujo de quedar paralizada por cuenta de acciones de hecho. La discusión por los precios del combustible debe ser un debate de carácter técnico que debe hacerse con responsabilidad, considerando todos sus impactos sociales y fiscales, y en todo caso salvaguardando el interés nacional.

La sensatez de las partes debe imponerse en este momento y la negociación debe ser la única ruta para superar el conflicto. Los transportadores, que tienen argumentos legítimos sobre la realidad de su negocio, deben entender que no es arrodillando al resto de los colombianos como solucionarán sus problemas.

Y el Gobierno debe hacer el esfuerzo por construir con ellos, que son una fuerza legítima de la sociedad civil, caminos de entendimiento. Tal como lo ha hecho, incluso de forma muy cuestionable, con grupos al margen de la Ley. En cualquier caso, el Estado tiene los mecanismos legales y constitucionales para impedir que los bloqueos se extiendan y pongan en riesgo al país. Y debe apelar a ellos para evitar que la crisis causada por ellos siga creciendo.