El anuncio oficial del cese al fuego bilateral con el Eln, acordado en la Mesa de Diálogos de Paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, es un primer paso concreto en la búsqueda del fin de la violencia impuesta por esa organización guerrillera desde hace 60 años en el país. Sobre los alcances de la decisión quedan dudas por resolver, que deberán ser resueltas sin dilaciones para tranquilidad de los colombianos.
Como estaba previsto, ayer se firmó en la capital cubana el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Eln para que entre en vigencia, ahora sí, la orden de detener las acciones ofensivas entre las dos partes. En los próximos dos meses se deberán ajustar los detalles, realizar el alistamiento necesario y definir los mecanismos de verificación del cumplimiento de lo acordado, que tendrán instancias nacionales, regionales así como locales, y en lo que podrá participar la población civil.
El cese al fuego bilateral significa en principio un alivio para la Nación, en particular para aquellos territorios donde la presencia del Eln y la violencia que ejerce afectan de manera directa a los ciudadanos, alteran el orden público y generan zozobra. Es de esperar que la orden del Comando Central del grupo guerrillero sea acatada por sus diferentes frentes y que se demuestre una verdadera unidad de mando, lo que ha quedado en duda en otras ocasiones.
Según lo anunciado, el cese al fuego iniciará el próximo 3 de agosto y se extenderá por 180 días. La que se puede entender como una tregua en las acciones bélicas deberá incluir la terminación de cualquier clase de violencia y de acción criminal de la organización subversiva, incluidos el secuestro, la extorsión, los ataques a las poblaciones o a la infraestructura pública.
En ese sentido preocupan las declaraciones del jefe de la delegación guerrillera en la Mesa de Diálogos, ‘Pablo Beltrán’, quien aseguró que para el acuerdo alcanzado “las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir, pero esa discusión no terminó, entonces en estos protocolos no entraron”. Por todos son conocidas “las fuentes de financiación” de las que habla alias Beltrán: el plagio con fines económicos; la extorsión a los ciudadanos, al comercio y a las autoridades; actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal, en las que participa esa guerrilla en zonas del Pacífico, en el Catatumbo, Arauca, Norte de Santander, Antioquia o el sur de Bolívar.
Dado este primer paso hacia la ‘Paz Total’ en la que está empeñado el presidente Gustavo Petro, solo resta confiar en que no se convierta en otra frustración para el país. Se cuentan por decenas los intentos de los gobiernos en las últimas décadas por llegar a una negociación que permita cesar la violencia, el terrorismo, la destrucción a los recursos naturales que practica esa guerrilla, sin que ninguno haya llegado a buen término por el incumplimiento del Eln.
Mucho menos se puede permitir que en el afán por conseguir la paz a cualquier precio, se entregue la institucionalidad o se ponga en riesgo el Estado de Derecho que ha defendido Colombia con entereza en sus dos siglos como República.