A escasos diez días de terminar su periodo, la Administración de Jorge Iván Ospina parece haber emprendido una carrera contra el tiempo para adjudicar contratos y dejar amarrados varios cargos de alto nivel. Es un afán que no se entiende, cuando lo prudente y lo correcto sería permitir que el Alcalde entrante y su equipo tomen las decisiones que afectarán, de forma positiva o no, el futuro inmediato de la ciudad.

Luego de la denuncia de El País sobre la licitación por $113.000 millones que adelantaba Emcali para contratar por los próximos tres años las actividades relacionadas con la reducción de pérdidas de energía, suspendida debido a las críticas que generó el proceso, ahora se conoce sobre otra adjudicación por $50.800, que además compromete vigencias futuras.

Según los documentos obtenidos por este diario, la Gerencia de Tecnologías de la Información de la Empresa de Servicios Públicos, inició el proceso para contratar la ejecución de “mejoras evolutivas para la integración de procesos soportados en el sistema SAP implementado por Emcali”. El proyecto se adjudicaría antes del 30 de diciembre y se tendría que adelantar en los dos primeros años de la Administración de Alejandro Eder.

A ello se suman las denuncias de concejales sobre el multimillonario contrato entregado por Metrocali el pasado 20 de diciembre, por un valor $36.146 millones para la “adecuación funcional de la infraestructura vial para los carriles mixtos del corredor troncal Oriental del MÍO”, a un consorcio que, según las acusaciones, no cumpliría con los requisitos establecidos por la licitación pública.

No son los únicos casos. Con el mismo afán y a través de una convocatoria de última hora que apenas dio un plazo de cinco días para hacer la selección, se pretende escoger al nuevo director del Instituto Popular de Cultura, IPC, que estará en el cargo para el periodo 2023 - 2027.

Poco se entienden las carreras en las que están el alcalde Ospina y funcionarios de algunas dependencias municipales por gastarse los recursos públicos, cuando ya se encuentran de salida. O por imponerle al próximo Mandatario servidores públicos de alta confianza, que quedarían atornillados en los puestos por los próximos años, así no le gusten a la nueva Administración local.

Puede ser que todos los actos que se pretenden ejecutar contrarreloj se ajusten a la ley y no conlleven ninguna violación a las normas de la administración pública. La crítica es por la poca gallardía que encierra, además de las suspicacias que genera, pretender en diez días tomar decisiones que supondrán un alto impacto para Cali, para el gobierno municipal y para las finanzas de la ciudad.

El mejor mensaje que podría enviar el alcalde Jorge Iván Ospina, al igual que entidades como Emcali o Metrocali, es suspender los procesos licitatorios o las convocatorias para altos cargos públicos, que se adelantan en los estertores de esta Administración local. Transparencia, rectitud y decoro es lo mínimo que esperan los caleños de quienes rigieron sus destinos en estos cuatro años, cuyo periodo en el poder ya llega a su final.