Las denuncias sobre irregularidades en la contratación municipal se convirtieron en el día a día en Cali. A los cuestionamientos que ya se le hacen al Gobierno de Jorge Iván Ospina, y que son materia de investigación de los entes de control, así como de la Fiscalía, se suma ahora la ‘contratitis’ desatada en el primer semestre de este año. Los caleños necesitan explicaciones y que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos, que les pertenecen a todos.
El más reciente informe de ‘Mi Cali Contrata Bien’ arroja cifras preocupantes. Si entre enero y junio de 2022 la Alcaldía realizó 11.095 contratos, en el mismo periodo de 2023 la cifra llegó a 22.091, por una suma de $1,2 billones. Pero no solo es el aumento inusitado de esos procesos, justo en el último año de Ospina y antes de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
Llama la atención que en su mayoría fueron contratos directos o por convenios interadministrativos, con lo cual se obvian, por ejemplo, las licitaciones. Esa forma de contratación aumentó en este periodo un 82 % y sumó $687.000 millones, casi el doble de la del año anterior. En lo que pareciera más una carrera contra el tiempo, las dependencias de la Administración Municipal o las entidades que hacen parte de ella, firmaron en promedio en este semestre 122 contratos diarios, un número que por lo menos asombra.
Claro, en esas cifras están incluidos los contratos por prestación de servicios, que en general se firman en los primeros meses del año, pero que tampoco justifican el aumento desmesurado de un año a otro, mucho menos cuando se da en la antesala de las elecciones municipales y departamentales. Son actuaciones que generan suspicacias y que merecen las explicaciones pertinentes desde el Gobierno local.
Frente a los cuestionamientos que se hacen a los procesos de contratación de la Alcaldía y de algunas dependencias del Municipio, y teniendo en cuenta las investigaciones que cursan actualmente en la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, por presuntas irregularidades durante la Administración de Jorge Iván Ospina, se esperaría una mayor prudencia en el manejo de los recursos públicos.
Son muchas las dudas que se generan por esa explosión de ‘contratitis’ oficial, así como por decisiones que han abierto la posibilidad de pasar por encima de figuras como la de las licitaciones públicas, con las cuales se busca garantizar la transparencia y asegurar la igualdad de condiciones para los oferentes. Ello no está ocurriendo en Cali, lo que amerita, de nuevo, una vigilancia estricta de los organismos de control local y nacional.
Con los niveles de corrupción que hacen carrera en Colombia y con el clientelismo que se desborda en épocas electorales, a la Alcaldía de Cali hay que exigirle claridad meridiana en la contratación pública. En juego están los recursos destinados a resolver los problemas de la ciudad y las necesidades más apremiantes de sus habitantes.