Hombres armados detienen a un grupo de ciclistas que se movilizaba en caravana recreativa por una vía rural. Campesinos denuncian que hay retenes ilegales en por lo menos cinco poblaciones montañosas. Surgen evidencias de que a la población civil se le ha ‘carnetizado’, como requisito para poder entrar y salir de sus territorios. Aparecen pancartas aquí y allá que acrecientan el temor de los habitantes.
Todas estas son pruebas de lo que está pasando en Jamundí, un municipio cuya zona rural está quedando cada vez más bajo el control de las disidencias de las Farc, ante la mirada impotente e impávida de las autoridades regionales y nacionales.
Lo que ocurre en Jamundí es la ‘crónica de una toma anunciada’ de la guerrilla. Pese a que los habitantes del municipio, la Alcaldía y hasta entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo han venido alertando de tiempo atrás sobre el deterioro de las condiciones de seguridad, el Estado no ha logrado recuperar el control de la zona.
Y, mientras tanto, las redes sociales y los medios de comunicación siguen registrando no sólo el creciente accionar de los delincuentes, sino también la respuesta tardía y las excusas destempladas de algunas autoridades frente a la amenaza de los violentos.
“A nosotros no nos llegó ninguna denuncia que nos diera conocimiento de este hecho”, fue la respuesta del Comandante de la Policía Metropolitana de Cali frente al retén que bloqueó a la caravana de ciclistas en el sector de Potrerito. Pero en redes sociales abundaban los videos que daban cuenta de la situación, casi en tiempo real.
Más grave aún que esa respuesta tardía y reactiva, es que el Estado no ha podido recuperar la confianza de los habitantes de la zona, quienes hablan calladamente sobre el régimen de terror que la guerrilla les ha impuesto.
En efecto, la revista Semana hizo ayer graves revelaciones sobre lo que está ocurriendo. A tan solo diez minutos en carro desde el centro de Jamundí ya el paisaje está poblado de pancartas, pasacalles y grafitis que indican que el territorio es ‘jurisdicción’ de la columna Jaime Martínez de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.
Los campesinos denuncian que hay retenes ilegales en las veredas de Cascarilla, Pradera, La Cima, La Liberia y Ampudia, entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde. Y para entrar o salir de esas zonas se debe portar un carnet expedido por los delincuentes. Quien no lo lleve se expone a pagar multas de 3 millones de pesos, o incluso a ser secuestrado durante un mes para desarrollar trabajos forzados relacionados con actividades de narcotráfico.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno Nacional persiste en su descuadernada política de Paz Total, que hasta ahora no ofrece ninguna garantía de protección para la población civil. Jamundí, una población que ya es casi extensión natural de Cali, está sitiada por la guerrilla. Ya es hora de que los vallecaucanos despertemos y reclamemos acción efectiva del Gobierno para que no sea un paraíso de los violentos.