La falta de una regulación clara en el país frente al uso de las armas traumáticas, consideradas de manera errónea como inofensivas o no letales, ha generado un limbo jurídico a través del cual la criminalidad encontró la mejor vía para evadir la acción penal.

Como lo informó el diario El País en su edición del pasado domingo, organizaciones criminales que actúan en la capital del Valle entendieron que si modifican el cañón de una pistola traumática para utilizar munición real, enfrentan las mismas consecuencias y penas que conlleva el porte y uso de un arma de fuego. Por ello, hoy solo intervienen los perdigones.

Si antes existía una zona gris para fiscales y jueces a la hora de aplicar el Código Penal en delitos en los que se utilizaba un arma modificada, ahora que los investigadores han descubierto una nueva modalidad en la que se mantiene intacta la estructura del arma y se modifica la munición, ese limbo es aún más profundo porque no hay una regulación establecida en ese sentido.

Lo que evidencian los casos hasta ahora conocidos por las autoridades es que están abriendo los perdigones de goma o plástico de las armas traumáticas y en su interior se inserta el plomo y se prensan de nuevo, como una forma más efectiva de burlar la Justicia.

Entre otras cosas porque los criminales, y los abogados que los representan, alegan que al disparar un arma traumática no existe el delito de tentativa de homicidio sino de lesiones personales y son menores las penas. Así, como lo señala el informe, un atraco no pasaría de ser un simple susto para la víctima porque se está utilizando un arma no letal.

Las armas traumáticas no son un elemento inofensivo ni un objeto de diversión. Hacen parte de un mercado de armas que empieza a restringirse en todo el mundo ante la evidencia del daño que pueden ocasionar aún en su estado original.

No basta entonces con la ley que aprobó el Congreso de la República en el 2021, tras los eventos del paro nacional, que equipara las armas traumáticas con las armas de fuego y obliga a hacer registro, marcación y la solicitud de un permiso para poder portarlas. El plazo para ese registro venció en julio del 2023 y de las 600.000 armas traumáticas que han entrado al país, solo se legalizaron 23.000.

Subestimar la capacidad de daño de las armas traumáticas utilizando, incluso, su munición original es un grave error que está costando vidas. Se evidenció una semana atrás en una institución educativa del municipio de Jamundí donde un estudiante acabó con la vida de otro menor de edad frente a sus compañeros.

Regular el uso de las armas traumáticas y elevarlas a la misma condición de las armas de fuego es una obligación impostergable que tiene el Estado colombiano frente a las ventajas jurídicas que están obteniendo los delincuentes con ellas.

Es una forma necesaria para sacar a fiscales y jueces de la zona gris en la que se encuentran a la hora de impartir justicia, pero también una manera de garantizar la tranquilidad a miles de colombianos que han padecido el horror de sentir un arma apuntando de frente.