La carrera contra el reloj en la que se encuentra la especie humana para tratar de descarbonizar sus sistemas de producción y frenar la amenaza del calentamiento global han convertido al cobre en una materia prima de importancia geoestratégica global.

En mayo de este año los precios de ese insumo alcanzaron sus máximos históricos. Y aunque luego se redujeron de forma significativa, continúan en niveles altos. La razón: el cobre es considerado como el metal de la transición energética, por su alto poder para conducir electricidad. Y su uso es fundamental para construir infraestructuras de energías renovables. Las industrias de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, entre otras, no pueden funcionar sin cobre.

Todo ello explica por qué el comercio de este metal se ha convertido en un lucrativo negocio mundial en el que participan grandes multinacionales. Pero también, es la causa de un delito que crece de forma aterradora en países no productores, como Colombia.

El robo de cables de cobre, que luego son vendidos en el mercado ilegal de chatarra, se ha convertido en un desafío de alarmantes proporciones para las autoridades. No solo por el enorme costo para muchas empresas que lo utilizan, especialmente del sector de servicios públicos, sino también por el impacto que causa en la ciudadanía.

Durante el 2023 las pérdidas para Emcali por este delito alcanzaron los $10.000 millones, mientras en lo que va corrido del 2024 ya suman los $5.200 millones. No existe hoy un solo sector de la ciudad libre del asedio de las bandas delincuenciales que se dedican al hurto de cables de cobre y que, según las investigaciones adelantadas, responden a mafias de alto nivel que han estructurado su operación en los grandes centros urbanos del país.

De hecho, una investigación reciente de El País encontró que existen serios indicios de que dentro de Emcali se han organizado bandas para robar las redes de cobre que se extienden por los ductos subterráneos de la ciudad. Y se dan casos lamentables de barrios en los que ya queda menos de la mitad del cableado de cobre que se instaló inicialmente para la infraestructura de telecomunicaciones. El año pasado fueron desarticuladas 10 de esas organizaciones en Cali, que reclutaban a más de un centenar de personas para robar cables.

Un kilo de cobre se cotiza en aproximadamente $9,4 dólares, por lo cual una sola tonelada puede arrojar ganancias de unos $40 millones a los delincuentes. Lo que llama la atención de las autoridades es que, aunque Colombia no es un país con yacimientos de cobre, las exportaciones del metal por Buenaventura, hacia China, han venido creciendo de forma significativa.

Por ser una actividad ilegal que utiliza habitantes de calle y que se diluye fácilmente entre los negocios de chatarra, capturar a los responsables es una tarea compleja. Por tal razón, urge redoblar la colaboración de la ciudadanía, con información oportuna para las autoridades. Solo así será posible desmantelar el ‘cartel del cobre’.