Como si no fueran pocas las preocupaciones que los asaltan día tras día, un nuevo temor se ha sumado a la lista de problemas que angustian a los colombianos: el riesgo de un apagón eléctrico como el que vivió el país 31 años atrás.
El mismo proviene en gran medida de un factor difícil de controlar, el comportamiento del clima, y también se deriva de la imprevisión de las últimas tres décadas. Además, se agrava por cuenta de la falta de confianza que genera un gobierno como el del presidente Gustavo Petro, el cual parece más enfocado en los titulares de prensa, en cazar peleas en todas partes y en apagar los escandalosos incendios causados por sus propios miembros, que en atender con prontitud y eficiencia los asuntos más críticos del país.
Las piezas de rompecabezas de una tormenta perfecta e indeseable, están allí, a la vista de todos. En primer lugar, se han encendido las alarmas por las condiciones climáticas del país. En septiembre pasado hubo apenas un 55,87% de lluvias, el peor registro para ese mes en la historia reciente. También se sabe, porque lo advirtió el Ideam, que la probabilidad de que haya una fuerte sequía causada por el fenómeno de El Niño hasta el mes de abril del 2024, creció hasta el 71%.
Ya muchos hogares están sintiendo en sus bolsillos el efecto de este cambio en las condiciones climáticas, pues con menos agua disponible en los embalses ha sido necesario empezar a utilizar la generación térmica, la cual resulta hoy mucho más costosa, en un escenario de encarecimiento mundial de los combustibles.
Por otro lado, el sector eléctrico ha puesto sobre la mesa con claridad la compleja realidad financiera que enfrenta. Medidas como la denominada ‘opción tarifaria’, que durante la pandemia permitió aliviar la crisis de millones de hogares empobrecidos, han terminado por golpear a los comercializadores, que hoy tienen una cartera de casi $6 billones sin recuperar.
A ello se suma el alza del precio de la energía en bolsa, el cual ha subido aceleradamente, golpeando aún más a las empresas que no hicieron compras anticipadas de forma directa. Que catorce exministros de Minas y Energía, de diferentes períodos de gobierno, se hayan reunido para concluir que “17 comercializadores que atienden casi 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras”, es muy diciente de la gravedad de la situación.
Este complejo panorama también es un reflejo de cómo el país no hizo la tarea de reconversión del sector eléctrico que debía hacer sobre las lecciones del apagón de 1992. Por ello resultan desconcertantes las noticias de empresas multinacionales, especializadas en generación de energías limpias, que deciden irse del país por retrasos incomprensibles en permisos y licencias ambientales.
Aún es posible alejar el fantasma del apagón, pero para ello se requiere el liderazgo claro y efectivo del Gobierno Nacional. No es hora de ideologizar un debate técnico. Se requieren reglas de juego estables que estimulen la inversión privada para aumentar la oferta eléctrica. Es preciso activar y garantizar la autonomía de la Creg, la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Y, sobre todo, dejar de ver al sector privado como un enemigo. De lo contrario, un tiempo muy oscuro les espera a los colombianos.