La inscripción de cédulas para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre se cerró esta semana. Cerca de 3,2 millones de colombianos y extranjeros realizaron el trámite que los habilita para elegir a quienes regirán los destinos de los municipios y departamentos del país. Llama la atención el crecimiento desbordado de inscritos en al menos cien poblaciones, lo que lleva a pensar que delitos como la trashumancia no se han erradicado del ejercicio democrático popular.
En La Jagua del Pilar, La Guajira, se presenta el caso más llamativo, que lleva a preguntarse si es la localidad con mayor expansión demográfica de Colombia o en la que más trasteo de votantes se presenta. De 383 ciudadanos inscritos en 2019 se pasó a 1204 en este 2023, lo que significa un crecimiento del 214,36%. Casos similares suceden en Tununguá, Boyacá, donde aumentó en un 197,54%, o en El tambo, Cauca, donde ese incremento fue del 196,45%.
No hay que hacer mayores análisis para comprender que lo sucedido está ligado a uno de los delitos electorales más comunes, el de la trashumancia, que consiste en trasladar de un municipio a otro a votantes para después manipular los resultados. No existe región del país que se salve de esa práctica, conocida por décadas y contra la que son escasas las acciones de las autoridades para evitarla o castigar a quienes la impulsan. En el Valle del Cauca, por ejemplo, hay alertas sobre ese fraude en poblaciones como Candelaria, El Águila, Riofrío y Palmira.
Tan grave como ello son las denuncias de la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre el trasteo de votos en las zonas fronterizas. Según la organización que monitorea el desarrollo del proceso democrático en el país, se ha detectado el traslado de ciudadanos desde Venezuela y Perú para que se inscriban en puestos de votación de municipios limítrofes, específicamente en Arauca, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca, así como en la región Amazónica. Lo mismo podría estar sucediendo en La Guajira o en Norte de Santander.
Son prácticas ilegales, que falsean la voluntad popular y demuestran cómo el voto se convirtió en un bien transable, con el cual se pueden alterar decisiones de gran importancia para las poblaciones, sus ciudadanos y la democracia. La pregunta es por qué no ha sido posible contar con las herramientas que eviten esos fraudes, detectables con anticipación, y que castiguen tanto a quienes se prestan para cometer ese delito como a quienes lo promueven o son los autores intelectuales de una conspiración que se ejecuta frente a los ojos de todos.
La trashumancia electoral es uno de los caminos para utilizar las administraciones municipales y departamentales para beneficiar la corrupción, torcer la ley y ponerla al servicio de intereses criminales en muchos casos. Por ello nunca será excesivo denunciar el trasteo de votantes o la compra de votos. Y exigir al Estado la respuesta contundente para detener ese fraude descarado, que atenta contra la democracia en Colombia.