Los vallecaucanos hemos recibido, con una sensación de indignación y asombro, las noticias que dan cuenta sobre un presunto plan de las disidencias de las extintas Farc para secuestrar a uno o varios diputados de la Asamblea del Valle.

Indignación, porque en la memoria de la región sigue vivo el recuerdo del crimen de los 11 asambleístas que terminaron asesinados cobardemente por las Farc en el 2007, luego de permanecer secuestrados y ser sometidos a tortura por ese grupo guerrillero durante cinco años. Asombro, porque observamos la pasividad con la que las autoridades nacionales están respondiendo a esta nueva amenaza.

Lo que ha venido ocurriendo en el Valle del Cauca durante el presente año es de una gravedad extrema. No se trata de hechos aislados. El departamento está bajo un ataque sistemático de grupos al margen de la Ley que se han propuesto atentar contra su dirigencia política y convertir el territorio en un corredor libre para todo tipo de actividades delincuenciales, ligadas al negocio del narcotráfico.

Pero el Gobierno Nacional no parece entenderlo así y lo que se observa es una absurda e incomprensible negligencia para proteger a quienes hoy están en la mira de los violentos.

El de Tuluá es el ejemplo claro de cómo esa falta de atención y eficacia resulta fatal. El concejal Carlos Arturo Londoño, asesinado el 19 de abril en compañía de la funcionaria de la Alcaldía Clarivet Ocampo, estaba bajo amenaza directa desde el mes de febrero y, sin embargo, no se le había proporcionado un esquema de seguridad adecuado.

Lo increíble es que casi tres meses después de que se conocieran los panfletos en los que la banda delincuencial La Inmaculada amenazó a gran parte de la dirigencia política de ese municipio, y a pesar de los múltiples atentados que marcaron allí el rumbo de la campaña electoral del 2023, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha sido capaz de establecer un plan para salvaguardar la vida de las personas en riesgo.

Ni los múltiples pedidos del Gobierno Departamental, ni una alerta lanzada por la Procuraduría General de la Nación, han logrado que la UNP actúe como debería.

A este complejo panorama se suma el crimen del concejal John Fredy Gil, del municipio de Jamundí, el pasado sábado. Con lo cual ya son tres los concejales asesinados en el Valle del Cauca este año. Jamundí, cabe señalar, es otro municipio al que el Gobierno Nacional tampoco le ha dado la atención debida, pese a que ha sido víctima de atentados contra varios dirigentes políticos, explosiones de carros bomba, retenes ilegales, extorsiones, secuestros y muchos otros hechos delictivos perpetrados por las disidencias de las Farc que, supuestamente, negocian un posible acuerdo de paz con el gobierno Petro.

Y en medio de este complejo contexto, ahora los vallecaucanos observamos con estupor que la trágica historia de hace 22 años, cuando las Farc secuestraron a todos los miembros de la Asamblea, puede repetirse. Depende del Gobierno Nacional que no sea así.