Todas las condiciones por las cuales Emsirva, la empresa de aseo de Cali, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos están superadas. Por ello hay que exigirle a la entidad del orden nacional que cumpla con su obligación de devolvérsela a la ciudad de inmediato.
Han pasado 20 años desde que la Nación tomó posesión de la empresa y 15 desde que la Superservicios ordenó su liquidación porque en ese momento era inviable financiera y administrativamente. En todo este tiempo se hizo, sin duda, un trabajo arduo para sanearla, cumplirles a sus acreedores -en su mayoría trabajadores de la empresa-, saldar el pasivo pensional y garantizar, a la vez que mejorar, la prestación de un servicio público esencial como es la recolección de las basuras.
Esa labor, liderada en particular por los anteriores Superintendente y Gerente Interventora, junto al alcalde Alejandro Eder quien mostró su disposición a brindar su apoyo desde que asumió su mandato, permitió que a finales de 2024 la empresa diera utilidades cercanas a los $30.000 millones, se le giraran los recursos a la Administración Local para pagar el pasivo pensional y se lograra un acuerdo de acreedores firmado por el 75% de los interesados.
El modelo de aseo, con cuatro operadores privados que trabajan de manera sectorizada, ha sido funcional en términos generales, si bien es susceptible de mejorar, lo que podría hacerse en cuanto la ciudad recupere la autonomía de Emsirva. Es imprescindible, por supuesto, que la empresa quede blindada para que no se repitan las malas prácticas que llevaron a su intervención y para que las políticas de basura cero se apliquen con éxito.
Sin embargo, el silencio que mantienen el actual Superintendente de Servicios Públicos, el señor Yanod Márquez, y el nuevo agente liquidador para Emsirva, Fabio Tavera, es preocupante. Aún más porque hoy, 28 de febrero de 2025, se vence el plazo establecido en el Acuerdo de Acreedores para que este sea aprobado por la Superintendencia. Según reza el artículo 2.11 del documento, de no cumplirse ese requisito el acuerdo “quedará sin efectos, esto es, lo aquí pactado perderá validez y la liquidación forzosa administrativa de la Concursada (Emsirva) continuará su trámite”.
Permitir que se retroceda en un proceso que, además de muy largo ha sido tan complejo, es asestarle un golpe indebido a Cali. No se puede olvidar que aún estando intervenida y su manejo a cargo de la Nación, Emsirva sigue siendo de los caleños y se debe restituir a su legítima dueña que es la ciudad.
Resueltos los problemas financieros, administrativos y de operación; conjurados el clientelismo y la corrupción que sin duda contribuyeron a la debacle; solventado el pasivo pensional lo que permite responderles a 1230 jubilados, que representan el 61% de los acreedores de la empresa de aseo, y prorrogados por seis meses los contratos con los operadores privados, lo que garantiza la prestación del servicio mientras se toman decisiones finales, no existe ninguna razón para aplazar la entrega.
Sería inadmisible que tras 20 años de intervención y resueltas las causas de esa decisión, el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios incumplieran con su obligación de devolver a Emsirva.