El uso de la población civil para impedir la tarea de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y del crimen organizado, es otra de las aberraciones del conflicto al que está sometido el departamento del Cauca. Ninguna parte del territorio nacional puede estar vetado para la Fuerza Pública ni se puede permitir que se violen de forma flagrante los derechos humanos de los colombianos, ni se transgreda el Derecho Internacional Humanitario.
La asonada protagonizada el domingo pasado por encapuchados y algunos habitantes del municipio de Caloto, durante la cual resultaron heridos tres suboficiales y doce soldados del Ejército que patrullaban la zona y fueron sacados a golpes de esa población, es el más reciente acontecimiento, pero no el único. Como lo manifestó el Comandante del Comando Específico del Cauca, son situaciones que viven un día sí y otro también los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Son incontables las veces en que las comunidades han intervenido para liberar capturados, impedir el avance de las tropas o evitar las operaciones de las autoridades contra las disidencias de la guerrilla, la delincuencia organizada o las mafias de la producción y el tráfico de narcóticos. Los civiles se han convertido, así mismo, en escudos humanos de esos grupos criminales, a quienes lo que menos les importa es ponerlos en peligro o violentar sus derechos más elementales, como el de la vida.
El ejemplo está en lo sucedido el domingo en Caloto, o lo que desde hace años pasa en el cañón del Micay, uno de los corredores expeditos del narcotráfico hacia el Pacífico, por donde sale buena parte de las drogas ilegales que se producen en el suroccidente del país.
Como lo han verificado las investigaciones realizadas por este diario, para el Ejército se volvió imposible traspasar las fronteras de esa región, porque la orden impartida a la población por las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Iván Mordisco’, es impedir su avance a como dé lugar, incluso recurriendo al secuestro.
Si a ello se suman los mensajes ambivalentes que lanza el gobierno de Gustavo Petro, que en nombre de la anhelada paz total negocia con la guerrilla, con grupos criminales y con organizaciones delincuenciales, sin anteponer como condición el respeto por la población civil y su exclusión inmediata del conflicto, la labor del Ejército o de la Policía se hace cada vez más compleja en un departamento como el Cauca. Esto sin contar con el desánimo, la impotencia y la frustración que embarga a las tropas debido a esas situaciones.
El Estado y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de proteger el territorio nacional, perseguir el crimen y garantizar la seguridad de todos los colombianos. Y liberar de las garras de los violentos a esas comunidades como las de Caloto, Micay, Jamundí, entre tantas otras en diferentes puntos del país, que están sometidas por el régimen de terror que les han impuesto.