Un preocupante deterioro de la seguridad se vive en el Valle del Cauca, donde delitos como el secuestro, la extorsión, el hurto a personas y el homicidio presentan índices alarmantes.

Cifras de la Policía indican que entre los meses de enero y mayo en el departamento se presentaron 933 asesinatos, incluidos los 431 que se registraron en Cali.

Además de las muertes violentas, los delitos que más preocupan a las autoridades en el Valle son la extorsión, el secuestro y el hurto a personas, en los cuales se evidencia un aumento significativo, comparado con el mismo periodo del 2022.

Según las estadísticas oficiales, en los primeros cinco meses del 2023 se presentaron en el departamento 476 casos de extorsión, un aumento del 26% respecto al año anterior, cuando iban 378 reportes. En relación con el secuestro, hasta mayo de este año se presentaron 14 casos, 9 más que en igual periodo de 2022.

El narcotráfico es otro delito que afecta a la región, sobre todo en la zona rural de Jamundí, donde se calcula que hay unas 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos. La guerra por el control de esos cultivos así como del tránsito de estupefacientes ha generado zozobra en ese municipio.

Los analistas manifiestan que esta ola de inseguridad, que no es exclusiva del Valle, se debe a dos factores principales: la caída del precio de la cocaína en los mercados internacionales en razón a la aparición de drogas sintéticas mucho más potentes como el fentanilo, así como al repliegue de la Fuerza Pública, en el marco de la Paz Total que promueve el gobierno de Gustavo Petro.

Le cabe toda la razón a la gobernadora Clara Luz Roldán cuando el hace un duro llamado al gobierno para que atienda una situación que, en buena parte, ha sido causada por sus políticas.

“No puede ser que la respuesta del Ministro de Defensa (frente a la problemática de seguridad) sea que no demos papaya, porque entonces no podemos salir de la casa porque no podemos dar papaya”, dijo la Gobernadora.

Preocupa el alejamiento que el alto gobierno muestra ante la cruda realidad que padecen muchas regiones del país. Mientras crímenes como el secuestro y la extorsión vuelven a niveles de hace 20 años, el presidente Gustavo Petro pide desescalar el lenguaje contra el Eln, uno de los mayores generadores de violencia del país.

Los violentos no aprecian los gestos que ha tenido el gobierno en aras de la Paz Total como un acto de generosidad sino como un síntoma de la debilidad institucional, que ellos están prestos a capitalizar.

El Gobierno Nacional, sin abandonar sus ideales, debe, ante todo, garantizarle la vida, honra y bienes a los colombianos, como ordena la Constitución. En el caso del Valle, la Mandataria solo le está pidiendo al Gobierno Nacional que cumpla su deber constitucional, que por propósitos nobles pero muy difíciles de concretar, está abandonando.

La docilidad con los violentos le puede resultar muy cara al país.