La de las invasiones en Cali es una historia que comenzó hace casi un siglo y refleja mucho más que un problema social, surgido de las olas de migrantes que llegan cada cierto tiempo a la ciudad huyendo de la violencia o en busca de oportunidades. Hoy es, además, un negocio ilegal del que se lucran inescrupulosos, frente al que las sucesivas administraciones locales han sido ineficaces en su obligación de combatirlo.

El informe especial que publica hoy El País, muestra cómo las invasiones se siguen esparciendo por las laderas caleñas o se toman terrenos desocupados en la parte plana, igual como sucedió hace 70 años en Siloé, 40 años atrás en Aguablanca o desde hace una década por los lados de las Tres Cruces. Entonces, como ahora, la autoridad ha sido incompetente para detener esas ocupaciones ilícitas.

Ahí, en esa incapacidad de los sucesivos gobiernos locales, está la razón por la cual el 46,3 % de las viviendas en Cali se encuentran en asentamientos humanos precarios y de estas el 39 % están en zonas de alto riesgo no mitigable. Así es como se ha construido el desarrollo urbano de la capital del Valle y así parece que se seguirá construyendo.

En la capital vallecaucana un día se interviene una invasión y al otro día aparecen dos más. Recorridos realizados por este diario evidencian cómo en zonas de protección ambiental en el oeste de la ciudad se levantan decenas de cambuches o incluso casas de material. Sectores como Golondrinas están en la mira de los invasores, mientras por los lados de Navarro se extienden las ocupaciones ilegales y siempre está latente la posibilidad de que los asentamientos ilícitos regresen al jarillón del río Cauca, que tras décadas pudo ser recuperado.

Aún reconociendo los esfuerzos que se puedan hacer desde el gobierno local para frenar las invasiones, es claro que se requiere aún mayor firmeza del Estado para aplicar las herramientas legales vigentes que permiten enfrentar a quienes se apoderan ilícitamente de terrenos públicos o privados en la ciudad. Hay que darle solución permanente a uno de los problemas sociales y de seguridad que más afectan a Cali.

Por ello hay que atacar la situación desde la raíz, es decir desde las organizaciones delincuenciales que están detrás del lucrativo negocio, que se aprovechan del reclamo social de los más necesitados para llenarse los bolsillos, mientras ultrajan los derechos de propietarios legítimos o del municipio.

El tema recurrente de las invasiones en Cali corre el riesgo de volverse intrascendente, o peor aún, que sea ignorado cuando ahí se encuentran las explicaciones de muchos de los males que se ciernen sobre la ciudad. Por esa razón hay que alzar una y otra vez la voz de alerta sobre la grave amenaza que representan las ocupaciones ilegales para la seguridad de la capital del Valle, para la tranquilidad de su población y para la posibilidad de hacer un desarrollo urbano ordenado y consciente que permita el progreso local.