Ha sido una semana aciaga para Jamundí, con cinco atentados terroristas perpetrados en siete días. La calma relativa durante la COP16, que se le debe reconocer al aumento del pie de fuerza y a las medidas de protección adoptadas durante la cumbre mundial de la biodiversidad, llegó a su fin. Hoy de nuevo hay que exigir que se mantengan las disposiciones necesarias para proteger a la población y para que retorne la tranquilidad a su población.

En la mañana de este viernes 8 de noviembre una motocicleta cargada de explosivos estalló en una calle del barrio Jordán del municipio ubicado en el sur del Valle, a pocos minutos de Cali. En el hecho resultaron heridas quince personas, mientras las viviendas y los comercios aledaños sufrieron destrozos aún sin cuantificar.

Sin que la ciudad se repusiera aún de esa explosión, en la tarde de ayer un paquete bomba fue abandonado en inmediaciones de un centro comercial. Gracias al aviso de los ciudadanos y a la rápida reacción de las autoridades se hizo la detonación controlada del artefacto, evitando una tragedia más. La noche anterior, otro ataque en las afueras del cementerio central, dejó una mujer herida, mientras cinco días atrás una sucesión de atentados afuera de la cárcel de alta seguridad, en el corregimiento de Robles y en el barrio Ciudad de Dios provocaron heridas a cuatro personas.

Son situaciones que se repiten de manera constante y desde hace meses en Jamundí, que tienen como denominador común a los grupos criminales, entre ellos las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ y las mafias del narcotráfico. El objetivo es claro: quedarse con el control de un territorio estratégico para sus negocios, vecino del departamento del Cauca y sensible para las autoridades por su cercanía a la capital del Valle.

Por ello el municipio y su zona rural volvieron desde hace un par de años a ser espacios plagados de cultivos ilegales, además de corredores por donde se movilizan los cargamentos de cocaína y marihuana, pero también el oro que se extrae de las minas ilegales de los Farallones. De la mano de esas actividades clandestinas aparecieron otra vez la violencia, las amenazas, los ataques contra la Fuerza Pública y contra los ciudadanos, incluidos niños y jóvenes que se reclutan para la guerra.

La complejidad de la situación en Jamundí obliga a reclamar una intervención más decidida e integral del Gobierno Nacional. Aún reconociendo la labor de las Fuerzas Militares y de la Policía, los atentados terroristas de los últimos días demuestran que no es suficiente ni se está cumpliendo con la obligación del Estado de proteger a la población.

El esfuerzo hecho para blindar a Cali y sus alrededores, incluido Jamundí, durante la COP16, que implicó desplegar a cuatro mil policías y cerca de dos mil soldados más en la región, debería ser permanente para el sur del departamento. A los habitantes de Jamundí hay que garantizarles que su vida, su integridad y su tranquilidad no sigan a merced de quienes ejercen la violencia.