No hay justificación alguna para el retraso que ha sufrido el proceso de adjudicación de la nueva concesión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, la principal terminal aérea del suroccidente colombiano y entre las tres más importantes del país.

Si, como se prevé, la administración del Aeropuerto regresa el próximo 1 de septiembre a la Aerocivil, se pondrá en riesgo su operatividad, se retrasarán las obras de ampliación planeadas y tan necesarias, a la vez que se pueden afectar la conectividad y la competitividad del Valle del Cauca y Cali, así como los ingresos financieros de Palmira, municipio donde está el Bonilla Aragón, principal receptor de sus beneficios económicos.

Desde principio de este 2025 se advertía sobre el retraso en el proceso licitatorio para definir al próximo concesionario de la terminal aérea. Luego de la prórroga por 16 meses al contrato con Aerocali, entidad que gestiona desde hace 25 años el Aeropuerto, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se comprometió a tener listos, a más tardar en diciembre de 2024, los estudios, los pliegos con las condiciones y abierta la convocatoria.

Nada de ello ha sucedido a la fecha y la probabilidad de que pase antes del 31 de agosto, cuando concluye la ampliación del contrato, son nulas, como se dio a conocer esta semana, durante un debate citado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Sorprende aún más la respuesta de la Ministra de Transporte, quien explicó que el presidente Gustavo Petro le pidió revisar primero los modelos de concesión. O la del Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional quien en su intervención dijo que aún se está planeando una “metodología cuantitativa y objetiva en pro de asegurar cuál es el mejor mecanismo para realizar la obra y los costos de la concesión pública y privada”.

Es decir, poco o nada se ha avanzado durante estos meses en el que es un compromiso con el Valle del Cauca, con su conectividad y con la intención de hacer del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón uno de los más competitivos del Pacífico latinoamericano.

Las justificaciones entregadas por el Gobierno Nacional no son suficientes ni responden a los cuestionamientos de quienes como la Gobernadora del Valle, el Alcalde de Cali o los representantes de los gremios de la región, han alzado su voz para rechazar este nuevo incumplimiento y la posibilidad de que la Aerocivil entre desde el 1 de septiembre a administrar y operar la terminal aérea.

De suceder, sería otro más de los graves incumplimientos de la Nación con el Valle del Cauca, con el suroccidente del país y con el Pacífico colombiano, que se sumaría a obras fallidas como la vía Mulaló - Loboguerrero o el dragado de profundización del Puerto de Buenaventura.

El Alfonso Bonilla Aragón no es cualquier aeropuerto de tercera categoría. Por él se movilizan 6,8 millones de viajeros cada año y es fundamental para el transporte aéreo de carga en la región y el país, por ello hay que exigir que se cumplan los plazos y se comience en el menor tiempo posible el proceso para adjudicar la concesión que se encargará de administrar, operar y realizar las inversiones en la terminal aérea por los próximos 30 años.