La política nacional antidrogas que oficializará el gobierno de Gustavo Petro en los próximos días debe ser objeto del más profundo análisis. Una vez se apruebe quedará constituida como la hoja de ruta que se seguirá durante los próximos diez años en la lucha interna contra el negocio ilícito que más daño le ha hecho y le sigue haciendo a Colombia.
Sin que aún el país conozca el texto definitivo, las objeciones que hizo la Fiscalía General al documento y el voto negativo que anticipó el lunes pasado ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, se convierten en señales de alarma. Es la primera vez en 30 años que el ente investigador se opone a dicha política presentada por el gobierno de turno, entre otros argumentos porque, a su parecer, no desarrolla “las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y el crimen transnacional, que tanto afectan al país”.
De su mismo nombre se desprende hacia dónde va encaminada la estrategia planteada por el presidente Petro a través de su Ministro de Justicia. ‘De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida’, como se llama el texto, es en particular un plan social y ambiental destinado a proteger a los pequeños cultivadores, a los consumidores y, acorde con el que es el discurso principal del Primer Mandatario de los colombianos, al cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales del país.
Si se mira desde esa perspectiva, no se puede estar más de acuerdo con lo planteado por el Gobierno Nacional. Entre otras razones porque no es diferente a lo que se viene haciendo en los años recientes con decisiones como no penalizar el porte y el consumo de estupefacientes cuando son para uso personal, o propuestas como la sustitución de cultivos ilícitos.
Puede que los resultados no sean los esperados y que se deban hacer ajustes importantes para llevar oportunidades y brindar protección a los campesinos que se han visto obligados a entrar en la cadena del narcotráfico como única posibilidad para sobrevivir. Esa es la obligación de un Estado ausente, que ha sido incapaz de llevar mejores condiciones a todo el territorio nacional y en especial a las poblaciones más vulnerables a la violencia.
Los colombianos no se opondrán a ese enfoque social y ambiental, siempre y cuando no se descuide el que es el otro frente trascendental: la lucha decidida contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Al Fiscal General de la Nación le preocupa que en la nueva política no define las estrategias ni las acciones de la lucha y el desmantelamiento de las mafias de las drogas ilegales, mientras deja por fuera a los eslabones superiores de esa cadena perversa. Además, surge la incógnita de si se estarían desconociendo compromisos adquiridos por Colombia en varios tratados internacionales.
Pedir que la nueva política antidrogas que regiría hasta el 2033 sea aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, sin que se incluyan los aspectos que hoy son objeto de controversia, sería un desatino. Colombia es ante todo un Estado de Derecho, que debe ser respetuoso de las leyes, lo que incluye perseguir, combatir y judicializar sin miramientos a quienes manejan el negocio ilícito que más violencia le ha generado al país y que más sangre de colombianos ha derramado.