Cinco años deberían ser suficientes para que, a quien le corresponda, acate y ejecute un fallo judicial. Menos para la Alcaldía de Cali que si no reacciona ya, verá cómo en noviembre próximo se vencen los términos del acto administrativo que le ordenó demoler los tres pisos sobrantes del proyecto de remodelación del antiguo colegio de la Sagrada Familia.
No son claras las razones por las cuales la Oficina Jurídica de la Administración Municipal, o la dependencia a la que le corresponda, no ha actuado como se espera en un proceso que afecta a un Bien de Interés Cultural de la ciudad. El conflicto comenzó hace una década, cuando la constructora a la que se le otorgaron los permisos para remodelar el antiguo colegio ubicado en el barrio El Peñón y convertirlo en un hotel que conservara sus características arquitectónicas, incumplió con lo autorizado.
Así fue como de tener permiso para hacer 22 locales comerciales proyectó 58, los 113 parqueaderos se convirtieron en 120 más otros 24 para motos, las habitaciones del hotel se redujeron de 68 a 65, el gimnasio se cambió por un restaurante, el salón de eventos se eliminó para construir cuatro salas de cine y en vez de bolera levantaría once islas comerciales. Pero lo más grave fue que se construyó ilegalmente una torre que sobrepasó en tres pisos lo autorizado, motivo principal de las demandas que han interpuesto la Alcaldía y la comunidad, así como de las múltiples acciones instauradas en contraposición por el constructor.
Los fallos judiciales en general han favorecido a la ciudad, como aquel de 2018 que le ordena demoler la parte de la estructura metálica que se levantó sin los permisos correspondientes. En los casi cuatro años de la actual Administración Municipal, nada ha pasado, y lo más grave es que si no se ejecuta antes del próximo noviembre, la orden se vencerá y quienes incumplieron las normas se saldrán con la suya.
Aunque la obra lleva seis años paralizada debido al litigio, una vez los términos prescriban los constructores podrían retomar la remodelación pues tampoco está claro que la licencia que se les otorgó se encuentre vencida, como lo argumenta la Curaduría Urbana No. 1. De suceder, se abriría además la posibilidad de que ganen la demanda por $64.000 millones interpuesta contra el municipio por los presuntos daños y perjuicios a los que se les sometió.
Preocupa que hasta ahora la Alcaldía no haya reaccionado a la orden judicial. Es de esperar, como lo anunció hace un par de semanas el Secretario de Seguridad de la capital del Valle, que se le dé cumplimiento a la medida antes de que prescriba. El patrimonio arquitectónico e histórico de Cali se tiene que proteger, con mayor razón cuando se pone en riesgo para favorecer a un particular, como sucede con el antiguo colegio de la Sagrada Familia. La defensa de este Bien de Interés Cultural le corresponde al Gobierno Municipal, que no puede ceder ante las pretensiones de quien incumplió las normas, como lo ha dejado en claro la Justicia en diferentes instancias.