Frente a la incertidumbre que genera la escasez de gas en Colombia, el país espera explicaciones veraces y claras del Gobierno Nacional. Más ahora, cuando las advertencias hechas desde diferentes sectores de la economía nacional parecen confirmarse con el arribo de la primera carga importada del combustible, que también se usaría para proveer a un porcentaje de usuarios esenciales, es decir hogares, comercio y vehículos, desde este diciembre.

Hasta el pasado fin de semana el Gas Natural Licuado, GNL, que llegaba a través de la regasificadora de Cartagena, a cargo de la empresa Spec, se utilizaba exclusivamente para alimentar las plantas térmicas nacionales, en particular en aquellas temporadas en las que eventos como el fenómeno climático de El Niño, ponían en riesgo la generación de energía debido a la sequía de los embalses hidroeléctricos.

El 29 de noviembre la historia cambio. Ese día en la terminal de Spec se recibió la primera carga de GNL destinada a abastecer a ocho empresas del mercado primario de gas natural, es decir el de los productores, comercializadores y transportadores del combustible. El propósito, según explicó TPL Gas, la empresa importadora, es tener cómo cubrir un déficit de demanda, tanto de la industria como del comercio y de la ciudadanía.

En la práctica, lo que ello significa es que se empiezan a hacer realidad las advertencias sobre escasez de gas natural en el país. Estaba claro que el rezago generado en la producción nacional, debido principalmente al frenazo que se les ha dado durante el gobierno de Gustavo Petro a las autorizaciones de exploración y explotación, se vería reflejado a partir de febrero de 2025 o, en las opiniones más optimistas y tomando medidas de choque, a finales de ese mismo año o principios del 2026. Ese tiempo previsto se adelantó.

Aunque el Primer Mandatario y su Ministro de Minas intenten matizar la gravedad de lo que ocurre con la producción y suministro de gas, la evidencia es clara y las cifras no dejan lugar a dudas. Si bien las reservas actuales podrían alcanzar para unos seis o siete años más, desde ya se empiezan a agotar, entre otras razones debido a una mayor demanda del servicio, por lo cual hay una escasez que debe ser atendida con las importaciones.

Es un gas que, por obvias razones, resulta más costoso y tendrá un impacto directo en las tarifas del servicio. El cálculo es que el incremento puede ser de entre un 10% -según el mismo gobierno- y un 23% -de acuerdo a los cálculos del gremio-, diferencia que al final saldrá del bolsillo de los usuarios y golpeará en particular a los sectores más vulnerables.

Ahí está la principal razón para buscar soluciones rápidas, con las cuales se permita que el déficit de gas sea apenas cuestión de pocos años y no una situación permanente. Lo primero es que el Gobierno Central acepte de cara al público lo que sucede, que haga claridad sobre las reservas de gas y en particular sobre sus políticas públicas al respecto. Es decir, que diga la verdad.

En todo caso, mientras no se impulse la exploración de nuevos pozos y se acelere la entrada en producción de los campos descubiertos, Colombia estará avocada a pasar de ser un país autoabastecedor a convertirse en una nación importadora de gas, con los costos que ello tendrá para cerca de once millones de usuarios.