Otro de los temas que tiene pendiente el Gobierno Nacional por solucionar es la relación comercial entre transportadores y generadores de carga. Desde el año pasado se hicieron unos acuerdos con los gremios camioneros que no se han cumplido del todo y que dejan latente la posibilidad de un paro que nadie quiere.

Uno de los temas más preocupantes de conciliar es el alza del valor del galón del diésel, cuya tarifa ha cambiado de a poco con el ánimo de no afectar al sector. Pero, aun así, los transportadores se quejan.

Hay que recordar que la Nación tiene un gran déficit fiscal y requiere equiparar los precios del combustible a los internacionales, como ya se hizo con la gasolina.

Unido a esto, los camioneros tienen otras reclamaciones que el Gobierno ha querido subsanar con los cambios en el Decreto 1079, los cuales fueron publicados para comentarios. Con estas modificaciones se trata de equilibrar las relaciones económicas entre empresas de transporte y propietarios, plasmadas en aspectos como facilitar la habilitación de pequeños transportadores, garantizar el pago mínimo y actualizar el programa de reposición de vehículos.

Lo que podría aliviar los problemas de los camioneros ahora preocupa a los generadores de carga, que tienen sus reparos a los cambios planteados, en especial con relación al sistema de reposición de vehículos y a la tabla obligatoria de fletes que, según los empresarios, generaría mayores sobrecostos.

Si bien el sector transportador ha afrontado múltiples dificultades estructurales: desde los altos costos operativos, el alza constante del precio del combustible y la falta de seguridad en las vías hasta las deficiencias en infraestructura, hay que ser conscientes de que una solución estructural requiere concertación.

Los generadores de carga también han afrontado problemáticas similares en el país y es importante escuchar su voz. De ahí que el llamado es a que desde ambas orillas se piense no solamente en los intereses propios sino en los del país.

En este campo, como en muchos otros de la política colombiana, se requiere llegar a un consenso que equilibre las cargas y que aleje las posibilidades de llegar a medidas de hecho que no beneficiarían a ningún sector y que, por el contrario, afectarían a los colombianos y a la economía en general.

Le queda una tarea ardua al Ministerio de Transporte para ser un generador de confianza entre transportadores y generadores de carga, que han pasado por cientos de mesas de concertación sin llegar hoy a tener una política que haga sostenibles ambos negocios.

Las promesas incumplidas y los cambios unilaterales han desgastado la credibilidad institucional y es momento de mostrar otro panorama. Sin embargo, para hacerlo se requiere de la voluntad real de los representantes de cada sector, así como del Gobierno Nacional. Ojalá que un acuerdo en esta materia sea un ejemplo para el país.