Treinta y seis es el número de veces que la carretera Panamericana, el corredor vial más importante del suroccidente colombiano, ha sido bloqueada en lo que va de este 2024. Es una situación insostenible, que tiene un impacto negativo sobre la economía regional, altera la vida cotidiana de quienes se movilizan por esa autopista y resiente el comercio exterior de Colombia hacia y desde el sur del continente, donde están algunos de sus aliados más importantes.

La protesta es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución, pero las vías de hecho no pueden ser más la forma de exigirle al Gobierno Nacional soluciones para los múltiples problemas que afectan al país. Por ello hay que insistir en que se levanten de inmediato los bloqueos y se recurra a un diálogo productivo entre las partes que permita llegar a acuerdos que se cumplan.

Esta vez son los transportadores de carga quienes llevan cuatro días interrumpiendo el paso en cinco puntos estratégicos de Nariño, incluidos la conexión entre Pasto e Ipiales, la vía al aeropuerto y el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

La parálisis, según sus organizadores, es para llamar la atención sobre la inseguridad que afecta a las carreteras del país, reclamar por el ingreso de vehículos de carga con placas del vecino país, así como para pedir mayor inversión en infraestructura y alertar sobre las repercusiones que tiene para el gremio transportador el aumento en los precios de los combustibles. La otra razón suena a ironía: protestar por los bloqueos constantes a la Panamericana en el departamento del Cauca, por el grave impacto que tiene para los transportadores.

Como es recurrente cuando se presentan estos hechos, las afectaciones se sienten con fuerza en el suroccidente del país. El desabastecimiento de productos agrícolas ya es evidente, los productos básicos de la canasta familiar empiezan a encarecerse y en el caso de Nariño las autoridades han debido tomar medidas para restringir la venta de combustibles para evitar la escasez.

El golpe al comercio internacional al impedir la entrada y salida de mercancías en la frontera está aún por cuantificarse, mientras los viajeros que han quedado atrapados en medio de los bloqueos sufren las consecuencias inmediatas de no poder movilizarse hacia sus destinos. De tal tamaño es el daño que causan las vías de hecho en Colombia, como esta que hoy interrumpe el paso en varios puntos del sur del país.

Es cierto que a los transportadores de carga colombianos les asiste la razón cuando reclaman por los múltiples problemas que afectan de forma directa a su gremio. Así mismo, es evidente la incapacidad permanente del Gobierno Nacional para darles las soluciones prontas y efectivas que ellos demandan. Pero es a través del diálogo, no de la constante interrupción de la movilidad en las carreteras del suroccidente colombiano, como se debe llegar a los consensos necesarios.

Colombia es un Estado de Derecho, que cuenta con canales apropiados para generar las discusiones y encontrar las salidas que tanto se necesitan. Ni la vía Panamericana, ni quienes viven en esta parte del país, ni la economía regional aguantan un bloqueo más.